Carlos Slepoy analiza los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad
El abogado que impulsa desde España las causas por crímenes cometidos durante la dictadura consideró que la Argentina “está en condiciones de hacer un Nuremberg”.
Martina Noailles
Juicios. Slepoy reconoce que hay avances
“significativos pero que no son suficientes”
en las causas por casos de represión y pide que los
casos no se “atomicen”.
Aunque vive en España desde hace treinta años, Carlos Slepoy recibió en Buenos Aires la noticia sobre la frustrada extradición de Isabel Perón. Como abogado del Movimiento de Argentinos en España, impulsa la mayoría de los juicios que se llevan a cabo en ese país contra represores que cometieron delitos de lesa humanidad en la tierra donde nació, militó y fue encarcelado.
De visita en la Argentina, Slepoy consideró que la resolución de la Audiencia Nacional española fue “un disparate” y que la falta de un representante del Estado argentino “conspira contra el éxito del pedido de extradición”. “El Gobierno no se decide a tener una política de ordenamiento de los juicios contra los represores. Tampoco parece plantearse con seriedad juzgar a los responsables civiles del genocidio”, cuestionó en una entrevista con Crítica de la Argentina. –
¿Considera que en la Argentina comenzó el fin de la impunidad?
–Con el ritmo que llevan los juicios, para juzgar a todos se tardaría más de cien años. Eso no significa que no se hubieran producido avances importantes, pero resultan insuficientes. No existe una política de Estado para juzgar estos crímenes. Se necesitan modificaciones importantes en forma urgente.
–¿Qué cambios agilizarían los juicios?–
Si se quiere juzgar en serio este genocidio, no es posible pensar que los jueces de instrucción deban atender otros mil asuntos que no tienen la trascendencia histórica, institucional y política de estos temas. Los tribunales orales también están absolutamente colapsados. Hay una idea del Centro de Militares para la Democracia Argentina (Cemida) que propone armar una estructura judicial del mismo tenor que la estructura represiva que dividió el país en jurisdicciones, áreas y subáreas.
–¿Por qué no se hace?–
Debe haber una política de Estado. La idea debe ser concentrar, evitar la atomización. La Argentina está en condiciones, como ningún país en el mundo, de hacer un Nuremberg pero entendido no como un tribunal que juzgó a unos pocos criminales nazis, sino para juzgar un crimen determinado a través de la creación de tribunales específicos. El Gobierno no se decide a tener una política de ordenamiento de estos juicios. Tampoco parece plantearse con seriedad juzgar a los responsables civiles del genocidio.
–¿Cree que alguna vez se podrá?
–Es un tema que ha quedado clausurado. Aparece por ahí el nombre de José Alfredo Martínez de Hoz, pero como responsable de dos secuestros extorsivos y no como el ideólogo del plan criminal de la dictadura. Crímenes contra la humanidad fueron tanto los que cometió Jorge Videla como los que cometió Martínez de Hoz. Pero estos temas no se están encarando y yo me pregunto por qué. La respuesta es que afecta poderosos intereses de muchos que hoy son dueños del país. Si se fuera a fondo, se podría pensar en esta refundación de la sociedad argentina que Néstor Kirchner ha prometido hace más de cuatro años, pero que se quedó a medio camino de construir.
–¿Qué opina de la negativa de la justicia española de extraditar a Isabel Perón?
–Es un disparate. Es tan endeble que, incluso, es posible que el recurso que va a interponer el fiscal pueda prosperar. Sin embargo, el hecho de que no haya un representante del Estado argentino en el proceso conspira contra el éxito del pedido de extradición. El fiscal español no tiene un especial conocimiento de las circunstancias que rodearon los crímenes de la Triple A y la responsabilidad que pueda tener Isabel. El único que podría haber enfrentado con claridad los argumentos de la defensa era un representante argentino.
–¿Por qué es un disparate la resolución?
–Porque el tribunal español entra en consideraciones en las que no tenía que haber entrado. En un juicio de extradición se debe comprobar si se cumplen los pasos formales y si el crimen es punible en ambos países. La Audiencia Nacional juzgó a los jueces argentinos en lugar de hacer un verdadero juicio de extradición. Son los tribunales argentinos los que deben decidir sobre el fondo de la cuestión.
–¿Isabel debe ser juzgada?–
Ella era presidenta cuando en el Ministerio de Bienestar, encabezado por un ministro de su estrecha relación (José López Rega) , funcionaba la Triple A. Además, Rodolfo Almirón y Juan Ramón Morales, dos de los jefes de la Triple A, eran sus guardaespaldas personales. Es absurdo pensar que ella podría no tener conocimiento de esto y que, siendo presidenta, no podría haber hecho algo para evitarlo. Por acción u omisión tiene una manifiesta responsabilidad.Cuarenta acusados en lista de esperaEn 2003, antes de que se aprobara la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el juez español Baltasar Garzón envió a la Argentina un pedido de detención contra 48 represores, entre ellos, Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez. La respuesta del juez Rodolfo Canicoba Corral fue positiva: detuvo a 40 de los 48. El resto estaban muertos o prófugos.
Tras idas y vueltas judiciales y diplomáticas, los pedidos de extradición de los 40 acusados por la represión durante la última dictadura aún no fueron respondidos. De su visita a Buenos Aires, Carlos Slepoy se lleva la respuesta del fiscal Eduardo Taiano acerca de que se están certificando cuántos de esos represores tienen causas abiertas.
Al abogado le consta que muchos de ellos no están imputados en ningún expediente, por lo que, en caso de que la Justicia argentina lo autorice, podrían ser extraditados y juzgados en España. Sería un hecho inédito, ya que nunca un juez de un país donde se cometieron los delitos envió a otro país a los posibles responsables para que sean juzgados.
“Me parece un profundo error desdeñar los juicios fuera del país –consideró Slepoy–. Fueron concebidos por la sociedad argentina, son juicios propios y deben entenderse como una totalidad”.
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