Jueves 27 de marzo de 2008
Propone crear una nueva Cámara de Casación y que los recursos sean más ágiles
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó ayer cinco proyectos de ley que tienen por objetivo acelerar los juicios penales: crean una nueva Cámara de Casación, abrevian los trámites para los recursos y establecen recompensas para encontrar a prófugos en las causas de derechos humanos.
La idea es que el Congreso lo sancione de inmediato. "En 30 o 40 días", estimó ayer el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, que fue el encargado de hacer pública la iniciativa.
Fue un anuncio inesperado en una tarde en la que la atención estaba puesta en el conflicto con el campo. Mientras Zannini daba detalles del proyecto en la Casa Rosada, a pocos metros, en la Plaza de Mayo, comenzaba una nueva manifestación. "El Poder Ejecutivo está enviando al Congreso cinco proyectos que quieren concretar la voluntad política de evitar el retardo y la denegatoria de justicia", dijo Zannini. Estaban a su lado el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y representantes de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
Según advirtió Zannini, el objetivo de estos proyectos no es sólo agilizar las causas de derechos humanos, sino "derribar el muro de impunidad" y "lograr beneficios para lo que se llama el problema de la seguridad". Uno de los puntos centrales del paquete de leyes es la creación de una nueva Cámara de Casación para la ciudad de Buenos Aires. Eso reducirá a la mitad el volumen de expedientes de la Cámara Nacional de Casación, el máximo tribunal penal, que ahora sólo se ocupará de los casos de competencia federal.
Será un alivio para este cuerpo, que duplicó sus causas en los últimos tres años. Antes, sólo revisaba cuestiones de derecho, pero un fallo de la Corte estableció que debe controlar "todo lo que resulte revisable", hechos y pruebas incluidos. La idea de desdoblar la Cámara de Casación no es nueva. Estaba contemplada en un proyecto de reforma integral del Código Procesal Penal enviado el año último por el Gobierno pero que nunca llegó al Congreso.
Esa iniciativa, como ésta, buscaba acelerar los procesos. Los ejes de los cinco proyectos que firmó ayer la Presidenta son:
La recompensa . Se crea un fondo de recompensas para obtener información sobre acusados en casos de violación a los derechos humanos que estén prófugos, y destina a este fin cinco millones de pesos. Se crea, además, una unidad especial para su búsqueda. Según los fundamentos del proyecto, hay 358 procesados en causas de derechos humanos y 44 prófugos.
Elevación a juicio sin trabas. Para evitar que las causas se demoren entre la etapa de la instrucción y el juicio oral, el Gobierno propone que los recursos de las partes no frenen la elevación a juicio.
Una apelación veloz. El tercer proyecto consiste en una modificación integral del procedimiento para apelar resoluciones de los jueces. El trámite ya no será escrito sino oral, en una audiencia ante los camaristas, que deberán decidir en el acto. Sólo cuando sea un caso complejo tendrán cinco días para deliberar. Además, se crea una agencia especial para organizar estas audiencias.
La nueva Casación. El cuarto proyecto instaura la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital, con 10 jueces (tres salas de tres y un presidente) que el Consejo de la Magistratura deberá seleccionar en 120 días.
Tribunales flexibles. El último proyecto dispone que cuando falte alguno de los jueces de los tribunales orales federales, podrá ser reemplazado por un juez de otro tribunal oral o por un miembro de la Cámara Federal de Apelaciones de la correspondiente jurisdicción. El objetivo es que las vacancias no impidan la realización de los juicios. Zannini confía en que los proyectos se sancionarán sin trabas. "Pensamos que van a tener fuerte adhesión y un rápido tratamiento en el Congreso", afirmó. Por Paz Rodríguez Niell De la Redacción de LA NACION Proyectos olvidados
En septiembre del año pasado, el entonces ministro de Justicia, Alberto Iribarne, anunció un proyecto de reforma integral del Código Procesal Penal de la Nación. Era una iniciativa ambiciosa diseñada por un grupo de expertos, que proponían que fueran los fiscales, y no los jueces, los que dirigieran en el futuro las investigaciones. Pasaron seis meses y nada se supo de ese proyecto. Algo parecido ocurrió con el proyecto del nuevo Código Penal, anuciado en 2006 y abandonado casi de inmediato a raíz del revuelo que generó la flexibilización de las penas por abortar que proponía.
Propone crear una nueva Cámara de Casación y que los recursos sean más ágiles
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó ayer cinco proyectos de ley que tienen por objetivo acelerar los juicios penales: crean una nueva Cámara de Casación, abrevian los trámites para los recursos y establecen recompensas para encontrar a prófugos en las causas de derechos humanos.
La idea es que el Congreso lo sancione de inmediato. "En 30 o 40 días", estimó ayer el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, que fue el encargado de hacer pública la iniciativa.
Fue un anuncio inesperado en una tarde en la que la atención estaba puesta en el conflicto con el campo. Mientras Zannini daba detalles del proyecto en la Casa Rosada, a pocos metros, en la Plaza de Mayo, comenzaba una nueva manifestación. "El Poder Ejecutivo está enviando al Congreso cinco proyectos que quieren concretar la voluntad política de evitar el retardo y la denegatoria de justicia", dijo Zannini. Estaban a su lado el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y representantes de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
Según advirtió Zannini, el objetivo de estos proyectos no es sólo agilizar las causas de derechos humanos, sino "derribar el muro de impunidad" y "lograr beneficios para lo que se llama el problema de la seguridad". Uno de los puntos centrales del paquete de leyes es la creación de una nueva Cámara de Casación para la ciudad de Buenos Aires. Eso reducirá a la mitad el volumen de expedientes de la Cámara Nacional de Casación, el máximo tribunal penal, que ahora sólo se ocupará de los casos de competencia federal.
Será un alivio para este cuerpo, que duplicó sus causas en los últimos tres años. Antes, sólo revisaba cuestiones de derecho, pero un fallo de la Corte estableció que debe controlar "todo lo que resulte revisable", hechos y pruebas incluidos. La idea de desdoblar la Cámara de Casación no es nueva. Estaba contemplada en un proyecto de reforma integral del Código Procesal Penal enviado el año último por el Gobierno pero que nunca llegó al Congreso.
Esa iniciativa, como ésta, buscaba acelerar los procesos. Los ejes de los cinco proyectos que firmó ayer la Presidenta son:
La recompensa . Se crea un fondo de recompensas para obtener información sobre acusados en casos de violación a los derechos humanos que estén prófugos, y destina a este fin cinco millones de pesos. Se crea, además, una unidad especial para su búsqueda. Según los fundamentos del proyecto, hay 358 procesados en causas de derechos humanos y 44 prófugos.
Elevación a juicio sin trabas. Para evitar que las causas se demoren entre la etapa de la instrucción y el juicio oral, el Gobierno propone que los recursos de las partes no frenen la elevación a juicio.
Una apelación veloz. El tercer proyecto consiste en una modificación integral del procedimiento para apelar resoluciones de los jueces. El trámite ya no será escrito sino oral, en una audiencia ante los camaristas, que deberán decidir en el acto. Sólo cuando sea un caso complejo tendrán cinco días para deliberar. Además, se crea una agencia especial para organizar estas audiencias.
La nueva Casación. El cuarto proyecto instaura la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital, con 10 jueces (tres salas de tres y un presidente) que el Consejo de la Magistratura deberá seleccionar en 120 días.
Tribunales flexibles. El último proyecto dispone que cuando falte alguno de los jueces de los tribunales orales federales, podrá ser reemplazado por un juez de otro tribunal oral o por un miembro de la Cámara Federal de Apelaciones de la correspondiente jurisdicción. El objetivo es que las vacancias no impidan la realización de los juicios. Zannini confía en que los proyectos se sancionarán sin trabas. "Pensamos que van a tener fuerte adhesión y un rápido tratamiento en el Congreso", afirmó. Por Paz Rodríguez Niell De la Redacción de LA NACION Proyectos olvidados
En septiembre del año pasado, el entonces ministro de Justicia, Alberto Iribarne, anunció un proyecto de reforma integral del Código Procesal Penal de la Nación. Era una iniciativa ambiciosa diseñada por un grupo de expertos, que proponían que fueran los fiscales, y no los jueces, los que dirigieran en el futuro las investigaciones. Pasaron seis meses y nada se supo de ese proyecto. Algo parecido ocurrió con el proyecto del nuevo Código Penal, anuciado en 2006 y abandonado casi de inmediato a raíz del revuelo que generó la flexibilización de las penas por abortar que proponía.
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