Lunes 10 de marzo de 2008
El Gobierno busca acelerar los juicios por la represión
Derechos humanos: la compleja situación de 850 causas desperdigadas en todo el país. Analiza una profunda reforma judicial
Por Daniel Gallo
De la Redacción de LA NACION
La lentitud judicial en las causas relacionadas con la represión ilegal llevó al Gobierno a buscar alternativas para acelerar los procesos. Si bien todavía no encontró la Casa Rosada la fórmula ideal para impulsar las causas, quienes conversaron en los últimos días con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmaron que la esperanza de ésta es cruzar la línea del Bicentenario con las sentencias resueltas. Está la decisión política; falta encontrar el mecanismo legal.
Pero los funcionarios que saben de estos entretelones aseguran que una posible reforma judicial avanzará por el eje de proteger la intimidad de los testigos y la unificación de causas. Sería un plan en línea con el dictamen presentado la semana pasada por el procurador general, Esteban Righi. "No puede ser que una persona deba dar testimonio una y otra vez sobre lo que le pasó en los centros de detención clandestinos. Para quienes sufrieron torturas es una circunstancia muy fuerte revivirlas en el juicio. No se las puede hacer pasar siempre por lo mismo, hay que encontrar la forma para que un testimonio pueda servir en las diferentes causas que están relacionadas", comentó un integrante del gabinete nacional.
En esas líneas estará el argumento para un cambio judicial. Las iniciativas tendientes a considerar los testimonios dados en una causa como válidos en otra fue un reclamo permanente de las organizaciones de derechos humanos. Esa intención se profundizó tras la desaparición de Jorge Julio López, ocurrida el 18 de septiembre de 2006, justo el día en que se conocía la sentencia contra Miguel Etchecolatz, ex comisario acusado de participar y aplicar torturas a detenidos durante la última dictadura. López fue testigo en esa causa y debía declarar también en otras relacionadas con la represión ilegal en La Plata durante las administraciones de facto inauguradas con el golpe de Estado del general Jorge Rafael Videla, en 1976.
En el ánimo de la Casa Rosada por llegar a un marco jurídico que catapulte las investigaciones también influyeron las últimas muertes de acusados de violaciones de los derechos humanos. Con los procesos legales que se extienden por años, la muerte natural ronda a los principales referentes de los gobiernos militares entre 1976 y 1983. Además, las sospechas alrededor del fallecimiento del prefecto retirado Héctor Febres y el confirmado suicidio del teniente coronel retirado Paul Alberto Navone llevaron a las autoridades nacionales a reflexionar sobre el tiempo que toma llegar a una sentencia en estas causas. "Ya pasó un gobierno, no puede pasar otro sin llegar a la verdad que dan los juicios", se comenta en las cercanías de la Casa Rosada.
En la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de Carlos Zannini, se prepara una amplia reforma judicial, tal como adelantó LA NACION el 4 del actual, modificación que tendría puntos específicos dirigidos a las causas vinculadas con los años 70. Respetar el derecho de los testigos a resguardar su intimidad será el elemento determinante para marcar la diferencia entre estos procesos y los mecanismos judiciales comunes.
Es que en la actualidad hay 850 causas abiertas en todo el país por muertes, desapariciones y torturas. Además, los implicados y los testigos se cruzan en varias de las investigaciones que actualmente la Justicia mantiene en curso. Al no existir un criterio rector, cada magistrado empezó un expediente sin importar que otra instancia ya tuviese una investigación que de hecho abarcase la suya.
Pese a que ese enredo judicial parece difícil de solucionar, aquellos que conocen bien los pasillos de los tres poderes relatan que los jueces no objetarían un nuevo rumbo en materia procesal que sea marcado desde la Casa Rosada. Se afirman para esa posición en la idea de que la existencia de cientos de causas tiene como razón el clima político que ve con muy malos ojos al tribunal que rechace una investigación. Así, una orientación oficial tendiente a unificar procesos no sería discutida en la burocrática justicia argentina.
El ex presidente Néstor Kirchner no dejó dudas sobre su acción en este campo. Pero a la vez no puso todo su caudal político en juego para imprimir mayor velocidad a las causas. Su gestión dio casi de inmediato el guiño para reabrir los juicios, pero terminó con apenas dos condenas en sus cuatro años y medio de administración impulsando la realización de juicios por las violaciones de los derechos humanos.
En este contexto, todo indica que armó Kirchner el clima de época y que a su esposa le queda el remate de la faena.
En la intención de encontrar una salida a la rigidez procesal también aparece una situación que el Gobierno atiende más que lo sospechado: la relación con las Fuerzas Armadas. Confianza Para la Presidenta es importante destacar su confianza en los militares en actividad, indican funcionarios que acceden al principal despacho de la Casa Rosada.
Pero la multiplicidad de las causas coloca siempre a las actuales conducciones militares a tiro de un enojo judicial por no responder un exhorto, por un dato faltante o por el afán de figuración de un fiscal o un magistrado. Con algo de resignación elevan los principales militares sus quejas al poder político por el tiempo, muchas horas cada día robadas a tareas profesionales, que deben dedicar a situaciones judiciales. "Es el tiempo que nos toca gestionar a cada uno. Ustedes tienen que desprenderse del pasado y nosotros ver cómo llegamos de la mejor manera a resolver esta historia con verdad y justicia", es la respuesta que escuchan los jefes militares desde los órganos de conducción civil, donde parten también las promesas de que no estarán toda la vida en el banquillo de los acusados.
El Gobierno busca acelerar los juicios por la represión
Derechos humanos: la compleja situación de 850 causas desperdigadas en todo el país. Analiza una profunda reforma judicial
Por Daniel Gallo
De la Redacción de LA NACION
La lentitud judicial en las causas relacionadas con la represión ilegal llevó al Gobierno a buscar alternativas para acelerar los procesos. Si bien todavía no encontró la Casa Rosada la fórmula ideal para impulsar las causas, quienes conversaron en los últimos días con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmaron que la esperanza de ésta es cruzar la línea del Bicentenario con las sentencias resueltas. Está la decisión política; falta encontrar el mecanismo legal.
Pero los funcionarios que saben de estos entretelones aseguran que una posible reforma judicial avanzará por el eje de proteger la intimidad de los testigos y la unificación de causas. Sería un plan en línea con el dictamen presentado la semana pasada por el procurador general, Esteban Righi. "No puede ser que una persona deba dar testimonio una y otra vez sobre lo que le pasó en los centros de detención clandestinos. Para quienes sufrieron torturas es una circunstancia muy fuerte revivirlas en el juicio. No se las puede hacer pasar siempre por lo mismo, hay que encontrar la forma para que un testimonio pueda servir en las diferentes causas que están relacionadas", comentó un integrante del gabinete nacional.
En esas líneas estará el argumento para un cambio judicial. Las iniciativas tendientes a considerar los testimonios dados en una causa como válidos en otra fue un reclamo permanente de las organizaciones de derechos humanos. Esa intención se profundizó tras la desaparición de Jorge Julio López, ocurrida el 18 de septiembre de 2006, justo el día en que se conocía la sentencia contra Miguel Etchecolatz, ex comisario acusado de participar y aplicar torturas a detenidos durante la última dictadura. López fue testigo en esa causa y debía declarar también en otras relacionadas con la represión ilegal en La Plata durante las administraciones de facto inauguradas con el golpe de Estado del general Jorge Rafael Videla, en 1976.
En el ánimo de la Casa Rosada por llegar a un marco jurídico que catapulte las investigaciones también influyeron las últimas muertes de acusados de violaciones de los derechos humanos. Con los procesos legales que se extienden por años, la muerte natural ronda a los principales referentes de los gobiernos militares entre 1976 y 1983. Además, las sospechas alrededor del fallecimiento del prefecto retirado Héctor Febres y el confirmado suicidio del teniente coronel retirado Paul Alberto Navone llevaron a las autoridades nacionales a reflexionar sobre el tiempo que toma llegar a una sentencia en estas causas. "Ya pasó un gobierno, no puede pasar otro sin llegar a la verdad que dan los juicios", se comenta en las cercanías de la Casa Rosada.
En la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de Carlos Zannini, se prepara una amplia reforma judicial, tal como adelantó LA NACION el 4 del actual, modificación que tendría puntos específicos dirigidos a las causas vinculadas con los años 70. Respetar el derecho de los testigos a resguardar su intimidad será el elemento determinante para marcar la diferencia entre estos procesos y los mecanismos judiciales comunes.
Es que en la actualidad hay 850 causas abiertas en todo el país por muertes, desapariciones y torturas. Además, los implicados y los testigos se cruzan en varias de las investigaciones que actualmente la Justicia mantiene en curso. Al no existir un criterio rector, cada magistrado empezó un expediente sin importar que otra instancia ya tuviese una investigación que de hecho abarcase la suya.
Pese a que ese enredo judicial parece difícil de solucionar, aquellos que conocen bien los pasillos de los tres poderes relatan que los jueces no objetarían un nuevo rumbo en materia procesal que sea marcado desde la Casa Rosada. Se afirman para esa posición en la idea de que la existencia de cientos de causas tiene como razón el clima político que ve con muy malos ojos al tribunal que rechace una investigación. Así, una orientación oficial tendiente a unificar procesos no sería discutida en la burocrática justicia argentina.
El ex presidente Néstor Kirchner no dejó dudas sobre su acción en este campo. Pero a la vez no puso todo su caudal político en juego para imprimir mayor velocidad a las causas. Su gestión dio casi de inmediato el guiño para reabrir los juicios, pero terminó con apenas dos condenas en sus cuatro años y medio de administración impulsando la realización de juicios por las violaciones de los derechos humanos.
En este contexto, todo indica que armó Kirchner el clima de época y que a su esposa le queda el remate de la faena.
En la intención de encontrar una salida a la rigidez procesal también aparece una situación que el Gobierno atiende más que lo sospechado: la relación con las Fuerzas Armadas. Confianza Para la Presidenta es importante destacar su confianza en los militares en actividad, indican funcionarios que acceden al principal despacho de la Casa Rosada.
Pero la multiplicidad de las causas coloca siempre a las actuales conducciones militares a tiro de un enojo judicial por no responder un exhorto, por un dato faltante o por el afán de figuración de un fiscal o un magistrado. Con algo de resignación elevan los principales militares sus quejas al poder político por el tiempo, muchas horas cada día robadas a tareas profesionales, que deben dedicar a situaciones judiciales. "Es el tiempo que nos toca gestionar a cada uno. Ustedes tienen que desprenderse del pasado y nosotros ver cómo llegamos de la mejor manera a resolver esta historia con verdad y justicia", es la respuesta que escuchan los jefes militares desde los órganos de conducción civil, donde parten también las promesas de que no estarán toda la vida en el banquillo de los acusados.
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