México ya dio luz verde para que España extradite al ex represor Cavallo
Lo hizo al dar una autorización para que eventualmente sea juzgado en Argentina.
Por: Juan Carlos Algañaraz
Las organizaciones de derechos humanos, por intermedio de sus letrados querellantes, se opusieron ayer a la extradición de Ricardo Miguel Cavallo a Argentina y exigieron que comience de inmediato el juicio oral en Madrid contra el represor de la Escuela de Mecánica de la Armada, según lo explicaron a Clarín.Estas expresiones se produjeron después que México aprobó que la Justicia española, y el gobierno, en última instancia, decidan si el capitán de corbeta (RE) debe ser juzgado en España por delitos de lesa humanidad o se lo extradita a Argentina donde se lo reclama en cinco causas judiciales por los delitos cometidos en la ESMA."Cavallo tiene que ser juzgado en España, donde solo falta anunciar la fecha del juicio oral, y vamos a reclamar que la Audiencia Nacional se pronuncie contra la extradición a Argentina. También pediremos al gobierno español, que tiene en sus manos la decisión final, para que se oponga a la extradición y se decida el juicio oral aquí", dijo a Clarín Manuel Ollé, el abogado que representa a las organizaciones de derechos humanos en la querella contra Cavallo."Esta decisión está de acuerdo con la situación actual del Derecho Penal Internacional. Porque es en España donde en mejores condiciones se estaría para celebrar el juicio ya que el procedimiento está pendiente de que se fije fecha para comenzar el juicio oral contra Cavallo. Por el contrario, en Argentina se debería con tinuar la instrucción y por lo tanto se demoraría más el inicio del enjuiciamiento", añadió Ollé.La canciller mexicana, Patricia Espinosa, entregó el 7 de febrero pasado la autorización del gobierno mexicano a la Embajada de España en México, para que sea la Justicia española la que se pronuncie y el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, adopte la decisión final. "Nosotros no queremos protegerlo. Cumplimos con el procedimiento para que sea juzgado en el país que la autoridad determine", informó un vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana. La Audiencia Nacional y el gobierno español habían pedido hace más de un año a México que les hiciera conocer su criterio sobre la situación de Cavallo ya que había sido extraditado para que se lo juzgara en España. El juez español Fernando Andreu, advirtió el lunes que si para el 31 de marzo no se producían novedades sobre la situación del oficial de la Marina argentina, se podría decidir su libertad ya que hace casi ocho años que está detenido sin ser sometido a juicio.Cavallo fue detenido en México el 24 de agosto de 2000 por pedido del juez Baltasar Garzón quien lo imputaba por delitos de lesa humanidad, genocidio y tortura y fue extraditado a España en junio de 2003.En enero del 2007, Cavallo manifestó que deseaba ser juzgado en Argentina. En España, el ministerio fiscal reclama para el acusado una pena mínima de 13.332 años de cárcel y otra máxima de 17.010, en función de que se le condene por delitos de lesa humanidad y éstos estuvieran o no relacionados con delitos de terrorismo. Se imputan siete asesinatos, 152 delitos de lesiones y 407 de terrorismo.
Lo hizo al dar una autorización para que eventualmente sea juzgado en Argentina.
Por: Juan Carlos Algañaraz
Las organizaciones de derechos humanos, por intermedio de sus letrados querellantes, se opusieron ayer a la extradición de Ricardo Miguel Cavallo a Argentina y exigieron que comience de inmediato el juicio oral en Madrid contra el represor de la Escuela de Mecánica de la Armada, según lo explicaron a Clarín.Estas expresiones se produjeron después que México aprobó que la Justicia española, y el gobierno, en última instancia, decidan si el capitán de corbeta (RE) debe ser juzgado en España por delitos de lesa humanidad o se lo extradita a Argentina donde se lo reclama en cinco causas judiciales por los delitos cometidos en la ESMA."Cavallo tiene que ser juzgado en España, donde solo falta anunciar la fecha del juicio oral, y vamos a reclamar que la Audiencia Nacional se pronuncie contra la extradición a Argentina. También pediremos al gobierno español, que tiene en sus manos la decisión final, para que se oponga a la extradición y se decida el juicio oral aquí", dijo a Clarín Manuel Ollé, el abogado que representa a las organizaciones de derechos humanos en la querella contra Cavallo."Esta decisión está de acuerdo con la situación actual del Derecho Penal Internacional. Porque es en España donde en mejores condiciones se estaría para celebrar el juicio ya que el procedimiento está pendiente de que se fije fecha para comenzar el juicio oral contra Cavallo. Por el contrario, en Argentina se debería con tinuar la instrucción y por lo tanto se demoraría más el inicio del enjuiciamiento", añadió Ollé.La canciller mexicana, Patricia Espinosa, entregó el 7 de febrero pasado la autorización del gobierno mexicano a la Embajada de España en México, para que sea la Justicia española la que se pronuncie y el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, adopte la decisión final. "Nosotros no queremos protegerlo. Cumplimos con el procedimiento para que sea juzgado en el país que la autoridad determine", informó un vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana. La Audiencia Nacional y el gobierno español habían pedido hace más de un año a México que les hiciera conocer su criterio sobre la situación de Cavallo ya que había sido extraditado para que se lo juzgara en España. El juez español Fernando Andreu, advirtió el lunes que si para el 31 de marzo no se producían novedades sobre la situación del oficial de la Marina argentina, se podría decidir su libertad ya que hace casi ocho años que está detenido sin ser sometido a juicio.Cavallo fue detenido en México el 24 de agosto de 2000 por pedido del juez Baltasar Garzón quien lo imputaba por delitos de lesa humanidad, genocidio y tortura y fue extraditado a España en junio de 2003.En enero del 2007, Cavallo manifestó que deseaba ser juzgado en Argentina. En España, el ministerio fiscal reclama para el acusado una pena mínima de 13.332 años de cárcel y otra máxima de 17.010, en función de que se le condene por delitos de lesa humanidad y éstos estuvieran o no relacionados con delitos de terrorismo. Se imputan siete asesinatos, 152 delitos de lesiones y 407 de terrorismo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario