SEGUN "LA NACIÓN" - Hay 380 procesados por delitos de lesa humanidad

Casi 300 de ellos están detenidos a la espera del juicio oral
Un síntoma de las demoras en las causas de violación de los derechos humanos durante la última dictadura militar es la cantidad creciente de acusados que están procesados: en la actualidad son 380. De ellos, casi 300 están presos, según datos de la Procuración General de la Nación.

Desde la reapertura de los juicios sobre la represión ilegal, en 2003, la cifra no deja de aumentar.

La ecuación es sencilla: los jueces de los cerca de 800 expedientes abiertos indagaron a cientos de acusados y, en la mayoría de los casos, los procesaron. Pero como sólo una minoría de esas causas llegó a juicio oral, los procesamientos se acumulan.

Lo mismo pasa con las prisiones preventivas, que, en varios de los sumarios, superan el plazo máximo previsto por la ley, que es de tres años. Las defensas de ex militares protestaron por esto y el tema llegó a la Corte Suprema, que avaló que los acusados siguieran presos.

El alto tribunal sostuvo que el límite de tres años no es de aplicación automática, sino que debe evaluarse en cada caso de acuerdo con las circunstancias particulares del proceso.

Los 380 procesados en causas de derechos humanos están acusados de delitos como desapariciones de personas, torturas, asesinatos, arrestos ilegales, extorsiones y robos de bebes.

De los presos, la mayoría no está en cárceles comunes, sino en dependencias de fuerzas de seguridad, en sus domicilios o en hospitales.

Estadísticas oficiales difundidas el año pasado advertían que sólo uno de cada cinco acusados en casos de derechos humanos estaban en prisiones nacionales o provinciales. Eran 45 de los 253 detenidos en aquel momento.

Después de Febres

Esta situación se modificó después de que el subprefecto Héctor Febres apareció muerto en un destacamento de la Prefectura de Tigre, donde estaba detenido. Fue el 10 de diciembre de 2007. Según la jueza Sandra Arroyo Salgado, que está a cargo del caso, fue envenenado para evitar que diera información sobre delitos de la dictadura.

Fuentes de la Procuración informaron ayer a LA NACION que luego de la muerte de Febres muchos acusados pasaron a cárceles comunes, pero que no hay todavía datos oficiales que permitan saber cuántos fueron los trasladados.

Preocupado por la lentitud de las causas que investigan crímenes de la última dictadura, el procurador general, Esteban Righi, elaboró el año pasado un informe que elevó a la Corte, llamado "Algunos problemas vinculados con el trámite de las causas por violaciones de derechos humanos". Allí analiza el porqué de las demoras.

De acuerdo con ese documento, las causas son variadas: jueces que se van y no encuentran reemplazante, investigaciones gigantescas que se acumulan en un mismo tribunal, etapas preparatorias que se prolongan sin razón, y recusaciones y excusaciones que suceden durante meses.

La Procuración advirtió que se llegó a demorar tres años en confirmar un procesamiento, dos en elevar a juicio una investigación ya cerrada, uno en reemplazar a un juez y cuatro en resolver un recurso de casación.

Las dos causas más grandes en materia de derechos humanos se tramitan en la ciudad de Buenos Aires. Son la que investiga los delitos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y la abierta por los crímenes en la órbita del I Cuerpo de Ejército.

La Procuración advirtió el año pasado que podría producirse un cuello de botella con estos expedientes, porque un solo tribunal oral, el número 5, deberá juzgar a todos los acusados de las dos megacausas. El informe sostuvo que, "de no modificarse los criterios de asignación de trabajo", muchos hechos que están cerca del juicio oral formarán parte de "la larga cola hacia el juicio que se viene construyendo" en el tribunal oral 5.