Detuvieron a Harguindeguy por el secuestro de dos empresarios
La jueza federal María Servini de Cubría le notificó ayer la medida en Tribunales. Luego le concedió la prisión domiciliaria por tener 81 años. Por el mismo hecho, ocurrido en 1976, está procesado el ex dictador Videla.
Por: Pablo Abiad
SONRIENTE. ALBANO HARGUINDEGUY SALE, HACE UNOS AÑOS, DE UN ACTO.
El primer ministro del Interior de la última dictadura, Albano Harguindeguy, fue detenido ayer por el secuestro de dos empresarios entre 1976 y 1977. La jueza federal María Servini de Cubría aceptó concederle un arresto domiciliario.En esta causa, en la que también está imputado el ex dictador Jorge Videla, Harguindeguy había recibido un indulto en 1989. El actual juez del caso, Norberto Oyarbide, dejó sin efecto ese beneficio en setiembre pasado por encontrarlo inconstitucional. Esta decisión de Servini -en reemplazo de Oyarbide- retrotrae la situación del ex general al momento en que el entonces presidente Carlos Menem le concedió aquel perdón por decreto.Con saco azul, pantalón más claro, anteojos gruesos y bastón, Harguindeguy -de 81 años- se presentó ante la jueza a las 14:30 para que se lo notificara de la medida. Luego Servini dispuso su detención "teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que se investigan y la escala penal resultante de los delitos que se imputan", de acuerdo a una resolución a la que accedió Clarín. La semana pasada, además, se lo había reclamado la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.Nada tiene que ver con esto una denuncia que la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense formuló hace diez días acerca de que Harguindeguy había sido visto veraneando en las playas de Pinamar. Bajo proceso en otras investigaciones por crímenes de lesa humanidad (ver Perfil), Harguindeguy permanecía en libertad desde que la Cámara de Casación consideró agotado el plazo de su prisión preventiva en la causa sobre el Plan Cóndor. En todos los casos, lo defiende Jaime Smart, otro ex ministro de la dictadura.Este expediente que Oyarbide retomará en marzo trata sobre la desaparición de Federico y Miguel Ernesto Gutheim, padre e hijo, dueños de una fábrica de algodón. Tanto Harguindeguy como Videla y su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, están sospechados de haber dispuesto las detenciones de los Gutheim para forzarlos a concretar una operación comercial con Hong Kong que le permitiera a la dictadura cerrar unos créditos.Este sumario es viejísimo: se abrió en 1985 en la fiscalía de Investigaciones Administrativos, se congeló durante el menemismo con las leyes del perdón y se reactivó el año pasado, lo mismo que todas las causas sobre delitos de lesa humanidad. "Secretaría de Agricultura de la Nación s/presuntas irregularidades en el trámite de exportación de la fibra de Algodón", es su carátula original. El ex fiscal Ricardo Molinas llegó a reconstruir que, secuestrados, los Gutheim tuvieron reuniones con funcionarios de Economía en enero de 1977.El 27 de abril de 1988, el entonces juez Martín Irurzun dispuso la prisión preventiva de Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz. Antes de que los indultaran a los tres, la preventiva de Martínez de Hoz fue revocada por la Cámara Federal, la de Harguindeguy no terminó de cumplirse -hasta ahora- y a Videla alcanzaron a pedirle una pena de 10 años de prisión por "secuestro extorsivo cometido en dos oportunidades en concurso real con el de falsedad ideológica -un hecho- en grado de autor", según consta en el expediente.La declaración de inconstitucionalidad de los indultos del ex dictador y sus ministros todavía debe ser confirmada por la Cámara Federal porteña, que ya se pronunció en este sentido en muchos otros casos. Integran la Sala II para esta causa los jueces Horacio Cattani y Eduardo Freiler.Enterado de que Servini tomó la decisión que se le había solicitado, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, opinó: "La medida dispuesta repara una gravísima incongruencia jurídica de que uno de los principales responsables del terrorismo de Estado, Harguindeguy, siga gozando impunemente de libertad, ofendiendo así a la conciencia democrática".
La jueza federal María Servini de Cubría le notificó ayer la medida en Tribunales. Luego le concedió la prisión domiciliaria por tener 81 años. Por el mismo hecho, ocurrido en 1976, está procesado el ex dictador Videla.
Por: Pablo Abiad
SONRIENTE. ALBANO HARGUINDEGUY SALE, HACE UNOS AÑOS, DE UN ACTO.El primer ministro del Interior de la última dictadura, Albano Harguindeguy, fue detenido ayer por el secuestro de dos empresarios entre 1976 y 1977. La jueza federal María Servini de Cubría aceptó concederle un arresto domiciliario.En esta causa, en la que también está imputado el ex dictador Jorge Videla, Harguindeguy había recibido un indulto en 1989. El actual juez del caso, Norberto Oyarbide, dejó sin efecto ese beneficio en setiembre pasado por encontrarlo inconstitucional. Esta decisión de Servini -en reemplazo de Oyarbide- retrotrae la situación del ex general al momento en que el entonces presidente Carlos Menem le concedió aquel perdón por decreto.Con saco azul, pantalón más claro, anteojos gruesos y bastón, Harguindeguy -de 81 años- se presentó ante la jueza a las 14:30 para que se lo notificara de la medida. Luego Servini dispuso su detención "teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que se investigan y la escala penal resultante de los delitos que se imputan", de acuerdo a una resolución a la que accedió Clarín. La semana pasada, además, se lo había reclamado la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.Nada tiene que ver con esto una denuncia que la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense formuló hace diez días acerca de que Harguindeguy había sido visto veraneando en las playas de Pinamar. Bajo proceso en otras investigaciones por crímenes de lesa humanidad (ver Perfil), Harguindeguy permanecía en libertad desde que la Cámara de Casación consideró agotado el plazo de su prisión preventiva en la causa sobre el Plan Cóndor. En todos los casos, lo defiende Jaime Smart, otro ex ministro de la dictadura.Este expediente que Oyarbide retomará en marzo trata sobre la desaparición de Federico y Miguel Ernesto Gutheim, padre e hijo, dueños de una fábrica de algodón. Tanto Harguindeguy como Videla y su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, están sospechados de haber dispuesto las detenciones de los Gutheim para forzarlos a concretar una operación comercial con Hong Kong que le permitiera a la dictadura cerrar unos créditos.Este sumario es viejísimo: se abrió en 1985 en la fiscalía de Investigaciones Administrativos, se congeló durante el menemismo con las leyes del perdón y se reactivó el año pasado, lo mismo que todas las causas sobre delitos de lesa humanidad. "Secretaría de Agricultura de la Nación s/presuntas irregularidades en el trámite de exportación de la fibra de Algodón", es su carátula original. El ex fiscal Ricardo Molinas llegó a reconstruir que, secuestrados, los Gutheim tuvieron reuniones con funcionarios de Economía en enero de 1977.El 27 de abril de 1988, el entonces juez Martín Irurzun dispuso la prisión preventiva de Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz. Antes de que los indultaran a los tres, la preventiva de Martínez de Hoz fue revocada por la Cámara Federal, la de Harguindeguy no terminó de cumplirse -hasta ahora- y a Videla alcanzaron a pedirle una pena de 10 años de prisión por "secuestro extorsivo cometido en dos oportunidades en concurso real con el de falsedad ideológica -un hecho- en grado de autor", según consta en el expediente.La declaración de inconstitucionalidad de los indultos del ex dictador y sus ministros todavía debe ser confirmada por la Cámara Federal porteña, que ya se pronunció en este sentido en muchos otros casos. Integran la Sala II para esta causa los jueces Horacio Cattani y Eduardo Freiler.Enterado de que Servini tomó la decisión que se le había solicitado, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, opinó: "La medida dispuesta repara una gravísima incongruencia jurídica de que uno de los principales responsables del terrorismo de Estado, Harguindeguy, siga gozando impunemente de libertad, ofendiendo así a la conciencia democrática".
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