el lento camino de la justicia

Caso Ricardo Miguel cavallo - Apoyo a los abogados,y a las Acusaciones Populares

2008-06-26T21:35:00.000-07:00

01 de marzo de 2007
El Colectivo de Exiliados de la "Operación Cóndor"

APOYAMOS LA REALIZACIÓN DEL JUICIO ORAL EN ESPAÑA

Porque el procedimiento esta muy avanzado y solo falta el juicio oral, porque el juzgarlo y condenarlo en firme, en España, le incorpora valor a la justicia universal - el genocida Cavallo actúo en Argentina, fue detenido en Mexico, extraditado, detenido y procesado en España - tres países involucrados, colaborando para afianzar que los crimenes de lesa humanidad no prescriben y pueden ser juzgado en cualquier lugar del mundo, independientemente, del lugar en que ocurrieron los hechos. Y porque, aqui, en Argentina hay una lista de un millar de acusados que estan en una larga y lenta lista de espera, que tienen prioridad, - ya Cavallo está en perfecto control por la justicia española,- ¡¡¡ todo el tiempo necesario para la lista!!!! - Porque aqui solo hay unos muy pocos condenados, y otros pocos que estaban en capilla, "han muerto de repente", y aún no aparece Jorge Julio lópez, testigo del caso Etchecolatz.

¡¡¡ Basta de vueltas, juicio oral, y condena Ya !!!!

“Hay que juzgar a los responsables civiles”

2008-04-30T23:57:00.000-07:00

30.04.2008

Carlos Slepoy analiza los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad
El abogado que impulsa desde España las causas por crímenes cometidos durante la dictadura consideró que la Argentina “está en condiciones de hacer un Nuremberg”.

Martina Noailles
Juicios. Slepoy reconoce que hay avances
“significativos pero que no son suficientes”
en las causas por casos de represión y pide que los
casos no se “atomicen”.
Aunque vive en España desde hace treinta años, Carlos Slepoy recibió en Buenos Aires la noticia sobre la frustrada extradición de Isabel Perón. Como abogado del Movimiento de Argentinos en España, impulsa la mayoría de los juicios que se llevan a cabo en ese país contra represores que cometieron delitos de lesa humanidad en la tierra donde nació, militó y fue encarcelado.
De visita en la Argentina, Slepoy consideró que la resolución de la Audiencia Nacional española fue “un disparate” y que la falta de un representante del Estado argentino “conspira contra el éxito del pedido de extradición”. “El Gobierno no se decide a tener una política de ordenamiento de los juicios contra los represores. Tampoco parece plantearse con seriedad juzgar a los responsables civiles del genocidio”, cuestionó en una entrevista con Crítica de la Argentina. –

¿Considera que en la Argentina comenzó el fin de la impunidad?
–Con el ritmo que llevan los juicios, para juzgar a todos se tardaría más de cien años. Eso no significa que no se hubieran producido avances importantes, pero resultan insuficientes. No existe una política de Estado para juzgar estos crímenes. Se necesitan modificaciones importantes en forma urgente.

–¿Qué cambios agilizarían los juicios?–
Si se quiere juzgar en serio este genocidio, no es posible pensar que los jueces de instrucción deban atender otros mil asuntos que no tienen la trascendencia histórica, institucional y política de estos temas. Los tribunales orales también están absolutamente colapsados. Hay una idea del Centro de Militares para la Democracia Argentina (Cemida) que propone armar una estructura judicial del mismo tenor que la estructura represiva que dividió el país en jurisdicciones, áreas y subáreas.

–¿Por qué no se hace?–
Debe haber una política de Estado. La idea debe ser concentrar, evitar la atomización. La Argentina está en condiciones, como ningún país en el mundo, de hacer un Nuremberg pero entendido no como un tribunal que juzgó a unos pocos criminales nazis, sino para juzgar un crimen determinado a través de la creación de tribunales específicos. El Gobierno no se decide a tener una política de ordenamiento de estos juicios. Tampoco parece plantearse con seriedad juzgar a los responsables civiles del genocidio.

–¿Cree que alguna vez se podrá?
–Es un tema que ha quedado clausurado. Aparece por ahí el nombre de José Alfredo Martínez de Hoz, pero como responsable de dos secuestros extorsivos y no como el ideólogo del plan criminal de la dictadura. Crímenes contra la humanidad fueron tanto los que cometió Jorge Videla como los que cometió Martínez de Hoz. Pero estos temas no se están encarando y yo me pregunto por qué. La respuesta es que afecta poderosos intereses de muchos que hoy son dueños del país. Si se fuera a fondo, se podría pensar en esta refundación de la sociedad argentina que Néstor Kirchner ha prometido hace más de cuatro años, pero que se quedó a medio camino de construir.

–¿Qué opina de la negativa de la justicia española de extraditar a Isabel Perón?
–Es un disparate. Es tan endeble que, incluso, es posible que el recurso que va a interponer el fiscal pueda prosperar. Sin embargo, el hecho de que no haya un representante del Estado argentino en el proceso conspira contra el éxito del pedido de extradición. El fiscal español no tiene un especial conocimiento de las circunstancias que rodearon los crímenes de la Triple A y la responsabilidad que pueda tener Isabel. El único que podría haber enfrentado con claridad los argumentos de la defensa era un representante argentino.

–¿Por qué es un disparate la resolución?
–Porque el tribunal español entra en consideraciones en las que no tenía que haber entrado. En un juicio de extradición se debe comprobar si se cumplen los pasos formales y si el crimen es punible en ambos países. La Audiencia Nacional juzgó a los jueces argentinos en lugar de hacer un verdadero juicio de extradición. Son los tribunales argentinos los que deben decidir sobre el fondo de la cuestión.

–¿Isabel debe ser juzgada?–
Ella era presidenta cuando en el Ministerio de Bienestar, encabezado por un ministro de su estrecha relación (José López Rega) , funcionaba la Triple A. Además, Rodolfo Almirón y Juan Ramón Morales, dos de los jefes de la Triple A, eran sus guardaespaldas personales. Es absurdo pensar que ella podría no tener conocimiento de esto y que, siendo presidenta, no podría haber hecho algo para evitarlo. Por acción u omisión tiene una manifiesta responsabilidad.Cuarenta acusados en lista de esperaEn 2003, antes de que se aprobara la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el juez español Baltasar Garzón envió a la Argentina un pedido de detención contra 48 represores, entre ellos, Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez. La respuesta del juez Rodolfo Canicoba Corral fue positiva: detuvo a 40 de los 48. El resto estaban muertos o prófugos.

Tras idas y vueltas judiciales y diplomáticas, los pedidos de extradición de los 40 acusados por la represión durante la última dictadura aún no fueron respondidos. De su visita a Buenos Aires, Carlos Slepoy se lleva la respuesta del fiscal Eduardo Taiano acerca de que se están certificando cuántos de esos represores tienen causas abiertas.
Al abogado le consta que muchos de ellos no están imputados en ningún expediente, por lo que, en caso de que la Justicia argentina lo autorice, podrían ser extraditados y juzgados en España. Sería un hecho inédito, ya que nunca un juez de un país donde se cometieron los delitos envió a otro país a los posibles responsables para que sean juzgados.
“Me parece un profundo error desdeñar los juicios fuera del país –consideró Slepoy–. Fueron concebidos por la sociedad argentina, son juicios propios y deben entenderse como una totalidad”.

Condena leve contra apropiadores hija de desaparecidos

2008-04-04T20:02:00.000-07:00

viernes 4 de abril,
BUENOS AIRES (AP) -

Una corte penal argentina condenó el viernes a entre diez y siete años de prisión a un ex militar y a un matrimonio por la apropiación de una hija de desaparecidos durante la dictadura militar (1976-1983), en el primer juicio en ser promovido por la propia hija adoptada ilegalmente.

El tribunal sentenció en un fallo dividido a Osvaldo Rivas y a su ex esposa María Cristina Gómez Pinto, padres adoptivos de María Eugenia Sampallo Barragán, y al ex capitán del ejército Enrique Berthier, acusado de entregar al matrimonio a la niña nacida en cautiverio.
Rivas recibió una pena de ocho años como "coautor penalmente responsable de los delitos de falsedad ideológica de documento público y retención ilegal y ocultamiento de un menor de diez años", explicó Guillermo Gordo, uno de los tres jueces que integran la corte, durante la lectura de la sentencia.

Su ex esposa fue condenada a siete años "como coautora penalmente responsable del delito de retención ilegal y ocultamiento de un menor de diez años".
En tanto, Berthier recibió una condena de diez años por "ser cómplice necesario penalmente responsable en el delito de falsedad ideológica de documento público y coautor del delito de retención ilegal y ocultamiento de un menor de diez años".
"Las penas que se aplicaron a los imputados no reflejan la magnitud de los crímenes cometidos... La condena no alcanza a satisfacer el requerimiento de pena que hicieran el fiscal y la querella, que habían solicitado 25 años de prisión para los imputados", expresó la Secretaría de Derechos Humanos en un comunicado oficial.

"Más allá de lo exiguo de las penas, ha quedado en claro el accionar del terrorismo de Estado que se apropiaba de los niños como si se tratara de un botín de guerra, y (esta secretaría) espera que en los restantes casos la justicia se pronuncie aplicando el castigo correspondiente a los autores, cómplices e instigadores de tales delitos de lesa humanidad", añadió.

Pese al disgusto por la levedad de la condena, al salir de la sala de audiencias Sampallo fue aplaudida por el público presente, que elogió su determinación de llevar a juicio a sus propios padres adoptivos, algo inédito en la historia judicial del país.
"Lamentablemente hemos comprobado que el secuestro de niños en la Argentina no es un delito mayor porque siete u ocho años de detención por lo que hicieron, por lo que maltrataron a María Eugenia es una cosa tibia", reflexionó indignada Rosa Roisinblit, vicepresidenta de la Asociación Abuelas Plaza de Mayo.

"Estamos decepcionados, vamos a sugerir una apelación", advirtió la activista.
El representante de Sampallo, Tomás Ojea Quintana, explicó que los padres adoptivos continuarán en libertad hasta tanto la sentencia quede firme. Los abogados de Rivas y Gómez Pinto adelantaron que apelarán el fallo. Berthier, por su parte, seguirá detenido en una dependencia militar.

Sampallo es hija de Mirta Mabel Barragán y Leonardo Rubén Sampallo, secuestrados el 6 de diciembre de 1977 mientras se encontraban en su casa en Buenos Aires junto al pequeño hijo de tres años de Barragán, fruto de un matrimonio anterior. La mujer estaba embarazada de seis meses al momento de su desaparición.

El 30 de diciembre de ese mismo año los militares entregaron el niño a su abuelo paterno, pero nunca se supo más del matrimonio ni del hijo que estaban esperando.
Según la investigación, la joven nació en cautiverio el 8 de febrero de 1978 y permaneció en manos de Berthier hasta marzo, cuando la entregó al matrimonio de Rivas y Gómez Pinto. Con la complicidad del médico del ejército Julio Cáceres Monié --ya fallecido-- el matrimonio falsificó una partida de nacimiento en la que declararon a la niña como hija biológica nacida el 7 de mayo de 1978 y con la que lograron obtener su documento.
Aunque desde los siete años sabía que no era hija biológica de sus padres, las versiones sobre su adopción eran tan contradictorias que la hicieron dudar sobre su origen.

En 2000, Sampallo Barragán se presentó ante la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad para comprobar si era hija de desaparecidos. Un año después, un estudio realizado por el Banco Nacional de Datos Genéticos reveló que era hija de Barragán y Sampallo.
Al prestar testimonio en juicio en febrero, la joven relató las distintas versiones que el matrimonio le había dado sobre su origen: primero le contaron que sus verdaderos padres habían muerto en un accidente, luego que era hija de una empleada doméstica que por cuestiones económicas no había podido criarla y por eso ellos habían decidido adoptarla, finalmente, que era hija extramatrimonial de una azafata extranjera.

Hasta ahora, 88 hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio durante la dictadura han logrado descubrir su verdadera identidad; pero las Abuelas de Plaza de Mayo estiman que hay otros 400 jóvenes que aún desconocen su origen.

Según los registros oficiales, unas 13.000 personas desaparecieron durante la dictadura, pero los grupos de derechos humanos aseguran que esa cifra asciende a 30.000.

EMPEZAMOS A MALEAR LA PERDIZ

2008-03-31T23:02:00.000-07:00

El represor Cavallo llegó al país y se negó a declarar

Arribó esta mañana a Ezeiza, extraditado de España, y fue llevado a los tribunales de Comodoro Py. Pero no respondió preguntas del juez federal Sergio Torres. Está acusado, entre otros delitos, por crímenes cometidos en la ESMA durante la dictadura.

El ex capitán de corbeta Ricardo Cavallo, acusado de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, se negó a declarar en su primer día en la Argentina luego de la extradición de España.

Tras escuchar las imputaciones en su contra, el represor efectuó una "negativa general" y rehusó contestar las preguntas que querían hacerle el juez federal Sergio Torres y el fiscal Eduardo Taiano, tras lo cual el magistrado dispuso que sea remitido al penal de Marcos Paz.

Cavallo arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 9.20, en el vuelo A041 de Air Europa, procedente de España. Rodeado de un importante operativo de seguridad, el ex capitán fue conducido por efectivos de Interpol a los tribunales de la zona de Retiro.

Entre otras, pesan sobre Cavallo –alias Sérpico- acusaciones por su presunta participación en el secuestro y desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y del escritor y periodista Rodolfo Walsh. Asimismo, es investigado por los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar.

El ex militar fue detenido en el balneario mexicano de Cancún en agosto de 2000, tras ser reconocido por varios sobrevivientes de la represión en la Argentina. En junio de 2003 fue extraditado por México a España, donde fue sometido a juicio por genocidio, terrorismo y torturas.

Hace dos semanas, la Audiencia Nacional de España (Corte Suprema) había autorizado la extradición de Cavallo, que la Justicia argentina había solicitado en 2006. El abogado Rodolfo Yanzón, representante de querellantes en la causa por violaciones a los derechos humanos en la antigua ESMA, destacó la celeridad que el juez federal Sergio Torres imprimió al trámite de extradición a la Argentina del acusado.

El letrado criticó, en cambio, los "vaivenes" que tuvo la situación procesal del ex marino en España, donde, desde enero de 2007, está detenido "exclusivamente por el pedido de extradición de Torres".

QUISO QUE LO JUZGARAN AQUI ¿ PORQUE SERÁ ?

2008-03-31T22:56:00.000-07:00

EMBARCO ANOCHE EN MADRID EN UN VUELO QUE ATERRIZARA A LAS 9 EN EZEIZA

CAVALLO, REPRESOR DE LA ESMA, LLEGA EXTRADITADO POR ESPAÑA

Será interrogado sobre el robo de bienes y propiedades a sus víctimas.
Por: Lucio Fernández Moores

El represor Ricardo Miguel Cavallo inició anoche forzosamente el camino de regreso a la Argentina, extraditado por España para ser juzgado aquí por los crímenes de la dictadura. Cavallo abordó anoche el vuelo 041 de la empresa Air Europa y su arribo a Ezeiza estaba previsto para hoy a las 9.

Si el vuelo llega en horario, Cavallo será llevado inmediatamente a los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py para ser indagado por el juez federal Sergio Torres. Este magistrado tiene a su cargo la "megacausa" del mayor centro clandestino de detención que tuvo la dictadura, la ex sede de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Cavallo había sido detenido en agosto de 2000 en el Distrito Federal mexicano, a pedido de la Justicia española. Fue reconocido por sus víctimas, ya que se desempeñaba como director del Registro Nacional de Vehículos de ese país. Tres años después fue extraditado a España. Allí lo investigaba juez Baltasar Garzón en la causa abierta por los crímenes de las dictaduras argentina y chilena durante las décadas del 70 y 80. Las causas argentinas estaban paralizadas por la vigencia de las "leyes del perdón".

España accedió a enviarlo al país como consecuencia de la reapertura de la megacausa ESMA y la "desaparición del obstáculo" de la impunidad. Por ello, archivó la causa que había en Madrid y le dio 40 días a Torres para que formalizara el pedido de extradición. El juez argentino había enviado su primer pedido en 2006, pero en los últimos días debió apurar los plazos para evitar que Cavallo quedara libre.

El Gobierno español cedería a Cavallo por un plazo de seis meses, prorrogable por otros seis, según dijeron fuentes que siguen la causa en España y admitieron como "posible" fuentes judiciales argentinas.

Las mismas fuentes indicaron que Torres indagará "por ahora" a Cavallo únicamente por el desapoderamiento de bienes de desaparecidos y víctimas de la dictadura. Esta causa forma parte de la "megacausa" ESMA.

Para acusar a Cavallo por otros delitos (los más graves, el secuestro y las torturas contra personas que estuvieron cautivas en la ESMA), Torres aguardará una definición de la Justicia española en torno a la causa allí abierta, ya que el sobreseimiento en ese país no está firme porque todavía puede ser apelado y revocado por un tribunal superior.

La fiscalía española llegó a pedir para Cavallo la pena de 17 mil años de prisión por su presunta participación en la desaparición forzada de 227 personas, en otros 126 secuestros (16 de ellos mujeres embarazadas) y en torturas contra 21 víctimas de la represión ilegal de la guerrilla.

Compañero de promoción del ex capitán Alfredo Astiz (que se infiltró entre las Madres de Plaza de Mayo), Cavallo actuó en la ESMA bajo el alias de "Sérpico". Torres lo acusa de detenciones ilegales, torturas, extorsión, robos con violencia e intimidación y fal sificación de documentos.

Un hombre clave en los negocios de la ESMA

El Gobierno impulsa cinco leyes para acelerar los juicios

2008-03-27T21:04:00.000-07:00

Jueves 27 de marzo de 2008
Propone crear una nueva Cámara de Casación y que los recursos sean más ágiles

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó ayer cinco proyectos de ley que tienen por objetivo acelerar los juicios penales: crean una nueva Cámara de Casación, abrevian los trámites para los recursos y establecen recompensas para encontrar a prófugos en las causas de derechos humanos.

La idea es que el Congreso lo sancione de inmediato. "En 30 o 40 días", estimó ayer el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, que fue el encargado de hacer pública la iniciativa.

Fue un anuncio inesperado en una tarde en la que la atención estaba puesta en el conflicto con el campo. Mientras Zannini daba detalles del proyecto en la Casa Rosada, a pocos metros, en la Plaza de Mayo, comenzaba una nueva manifestación. "El Poder Ejecutivo está enviando al Congreso cinco proyectos que quieren concretar la voluntad política de evitar el retardo y la denegatoria de justicia", dijo Zannini. Estaban a su lado el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y representantes de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Según advirtió Zannini, el objetivo de estos proyectos no es sólo agilizar las causas de derechos humanos, sino "derribar el muro de impunidad" y "lograr beneficios para lo que se llama el problema de la seguridad". Uno de los puntos centrales del paquete de leyes es la creación de una nueva Cámara de Casación para la ciudad de Buenos Aires. Eso reducirá a la mitad el volumen de expedientes de la Cámara Nacional de Casación, el máximo tribunal penal, que ahora sólo se ocupará de los casos de competencia federal.

Será un alivio para este cuerpo, que duplicó sus causas en los últimos tres años. Antes, sólo revisaba cuestiones de derecho, pero un fallo de la Corte estableció que debe controlar "todo lo que resulte revisable", hechos y pruebas incluidos. La idea de desdoblar la Cámara de Casación no es nueva. Estaba contemplada en un proyecto de reforma integral del Código Procesal Penal enviado el año último por el Gobierno pero que nunca llegó al Congreso.

Esa iniciativa, como ésta, buscaba acelerar los procesos. Los ejes de los cinco proyectos que firmó ayer la Presidenta son:
La recompensa . Se crea un fondo de recompensas para obtener información sobre acusados en casos de violación a los derechos humanos que estén prófugos, y destina a este fin cinco millones de pesos. Se crea, además, una unidad especial para su búsqueda. Según los fundamentos del proyecto, hay 358 procesados en causas de derechos humanos y 44 prófugos.
Elevación a juicio sin trabas. Para evitar que las causas se demoren entre la etapa de la instrucción y el juicio oral, el Gobierno propone que los recursos de las partes no frenen la elevación a juicio.
Una apelación veloz. El tercer proyecto consiste en una modificación integral del procedimiento para apelar resoluciones de los jueces. El trámite ya no será escrito sino oral, en una audiencia ante los camaristas, que deberán decidir en el acto. Sólo cuando sea un caso complejo tendrán cinco días para deliberar. Además, se crea una agencia especial para organizar estas audiencias.
La nueva Casación. El cuarto proyecto instaura la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital, con 10 jueces (tres salas de tres y un presidente) que el Consejo de la Magistratura deberá seleccionar en 120 días.
Tribunales flexibles. El último proyecto dispone que cuando falte alguno de los jueces de los tribunales orales federales, podrá ser reemplazado por un juez de otro tribunal oral o por un miembro de la Cámara Federal de Apelaciones de la correspondiente jurisdicción. El objetivo es que las vacancias no impidan la realización de los juicios. Zannini confía en que los proyectos se sancionarán sin trabas. "Pensamos que van a tener fuerte adhesión y un rápido tratamiento en el Congreso", afirmó. Por Paz Rodríguez Niell De la Redacción de LA NACION Proyectos olvidados
En septiembre del año pasado, el entonces ministro de Justicia, Alberto Iribarne, anunció un proyecto de reforma integral del Código Procesal Penal de la Nación. Era una iniciativa ambiciosa diseñada por un grupo de expertos, que proponían que fueran los fiscales, y no los jueces, los que dirigieran en el futuro las investigaciones. Pasaron seis meses y nada se supo de ese proyecto. Algo parecido ocurrió con el proyecto del nuevo Código Penal, anuciado en 2006 y abandonado casi de inmediato a raíz del revuelo que generó la flexibilización de las penas por abortar que proponía.

SE BUSCA!! POR EVADIR LA JUSTICIA QUE LO CONDENÓ POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

2008-03-15T18:27:00.000-07:00

miércoles, 13 junio 2007
Desde Chile

Raúl Eduardo Iturriaga Neumann

Ex miembro de la plana mayor de la DINA, general (R).Ex jefe del Departamento Exterior de la DINA y ex jefe de la Brigada Purén que hizo desaparecer a decenas de prisioneros desde su centro clandestino de calle Irán 3937 en la comuna de Macul.

Co autor del asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthberten septiembre de 1974 en Buenos Aires.

¡¡COBARDE EX MILITAR,
QUE CORRE A ESCONDERSE
COMO Roedor ASUSTADO¡NI OLVIDO NI PERDÓN ! ¡ JUICIO Y CASTIGO A LOS CRIMINALES !

LA COMPLEJA SITUACIÓN DE 850 CAUSAS DESPERDIGADAS EN TODO EL PAÍS

2008-03-10T19:31:00.000-07:00

Lunes 10 de marzo de 2008
El Gobierno busca acelerar los juicios por la represión

Derechos humanos: la compleja situación de 850 causas desperdigadas en todo el país. Analiza una profunda reforma judicial

Por Daniel Gallo
De la Redacción de LA NACION

La lentitud judicial en las causas relacionadas con la represión ilegal llevó al Gobierno a buscar alternativas para acelerar los procesos. Si bien todavía no encontró la Casa Rosada la fórmula ideal para impulsar las causas, quienes conversaron en los últimos días con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmaron que la esperanza de ésta es cruzar la línea del Bicentenario con las sentencias resueltas. Está la decisión política; falta encontrar el mecanismo legal.

Pero los funcionarios que saben de estos entretelones aseguran que una posible reforma judicial avanzará por el eje de proteger la intimidad de los testigos y la unificación de causas. Sería un plan en línea con el dictamen presentado la semana pasada por el procurador general, Esteban Righi. "No puede ser que una persona deba dar testimonio una y otra vez sobre lo que le pasó en los centros de detención clandestinos. Para quienes sufrieron torturas es una circunstancia muy fuerte revivirlas en el juicio. No se las puede hacer pasar siempre por lo mismo, hay que encontrar la forma para que un testimonio pueda servir en las diferentes causas que están relacionadas", comentó un integrante del gabinete nacional.

En esas líneas estará el argumento para un cambio judicial. Las iniciativas tendientes a considerar los testimonios dados en una causa como válidos en otra fue un reclamo permanente de las organizaciones de derechos humanos. Esa intención se profundizó tras la desaparición de Jorge Julio López, ocurrida el 18 de septiembre de 2006, justo el día en que se conocía la sentencia contra Miguel Etchecolatz, ex comisario acusado de participar y aplicar torturas a detenidos durante la última dictadura. López fue testigo en esa causa y debía declarar también en otras relacionadas con la represión ilegal en La Plata durante las administraciones de facto inauguradas con el golpe de Estado del general Jorge Rafael Videla, en 1976.

En el ánimo de la Casa Rosada por llegar a un marco jurídico que catapulte las investigaciones también influyeron las últimas muertes de acusados de violaciones de los derechos humanos. Con los procesos legales que se extienden por años, la muerte natural ronda a los principales referentes de los gobiernos militares entre 1976 y 1983. Además, las sospechas alrededor del fallecimiento del prefecto retirado Héctor Febres y el confirmado suicidio del teniente coronel retirado Paul Alberto Navone llevaron a las autoridades nacionales a reflexionar sobre el tiempo que toma llegar a una sentencia en estas causas. "Ya pasó un gobierno, no puede pasar otro sin llegar a la verdad que dan los juicios", se comenta en las cercanías de la Casa Rosada.

En la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de Carlos Zannini, se prepara una amplia reforma judicial, tal como adelantó LA NACION el 4 del actual, modificación que tendría puntos específicos dirigidos a las causas vinculadas con los años 70. Respetar el derecho de los testigos a resguardar su intimidad será el elemento determinante para marcar la diferencia entre estos procesos y los mecanismos judiciales comunes.

Es que en la actualidad hay 850 causas abiertas en todo el país por muertes, desapariciones y torturas. Además, los implicados y los testigos se cruzan en varias de las investigaciones que actualmente la Justicia mantiene en curso. Al no existir un criterio rector, cada magistrado empezó un expediente sin importar que otra instancia ya tuviese una investigación que de hecho abarcase la suya.

Pese a que ese enredo judicial parece difícil de solucionar, aquellos que conocen bien los pasillos de los tres poderes relatan que los jueces no objetarían un nuevo rumbo en materia procesal que sea marcado desde la Casa Rosada. Se afirman para esa posición en la idea de que la existencia de cientos de causas tiene como razón el clima político que ve con muy malos ojos al tribunal que rechace una investigación. Así, una orientación oficial tendiente a unificar procesos no sería discutida en la burocrática justicia argentina.

El ex presidente Néstor Kirchner no dejó dudas sobre su acción en este campo. Pero a la vez no puso todo su caudal político en juego para imprimir mayor velocidad a las causas. Su gestión dio casi de inmediato el guiño para reabrir los juicios, pero terminó con apenas dos condenas en sus cuatro años y medio de administración impulsando la realización de juicios por las violaciones de los derechos humanos.

En este contexto, todo indica que armó Kirchner el clima de época y que a su esposa le queda el remate de la faena.

En la intención de encontrar una salida a la rigidez procesal también aparece una situación que el Gobierno atiende más que lo sospechado: la relación con las Fuerzas Armadas. Confianza Para la Presidenta es importante destacar su confianza en los militares en actividad, indican funcionarios que acceden al principal despacho de la Casa Rosada.

Pero la multiplicidad de las causas coloca siempre a las actuales conducciones militares a tiro de un enojo judicial por no responder un exhorto, por un dato faltante o por el afán de figuración de un fiscal o un magistrado. Con algo de resignación elevan los principales militares sus quejas al poder político por el tiempo, muchas horas cada día robadas a tareas profesionales, que deben dedicar a situaciones judiciales. "Es el tiempo que nos toca gestionar a cada uno. Ustedes tienen que desprenderse del pasado y nosotros ver cómo llegamos de la mejor manera a resolver esta historia con verdad y justicia", es la respuesta que escuchan los jefes militares desde los órganos de conducción civil, donde parten también las promesas de que no estarán toda la vida en el banquillo de los acusados.

SEGUN "LA NACIÓN" - Hay 380 procesados por delitos de lesa humanidad

2008-03-07T18:26:00.000-08:00

Casi 300 de ellos están detenidos a la espera del juicio oral
Un síntoma de las demoras en las causas de violación de los derechos humanos durante la última dictadura militar es la cantidad creciente de acusados que están procesados: en la actualidad son 380. De ellos, casi 300 están presos, según datos de la Procuración General de la Nación.

Desde la reapertura de los juicios sobre la represión ilegal, en 2003, la cifra no deja de aumentar.

La ecuación es sencilla: los jueces de los cerca de 800 expedientes abiertos indagaron a cientos de acusados y, en la mayoría de los casos, los procesaron. Pero como sólo una minoría de esas causas llegó a juicio oral, los procesamientos se acumulan.

Lo mismo pasa con las prisiones preventivas, que, en varios de los sumarios, superan el plazo máximo previsto por la ley, que es de tres años. Las defensas de ex militares protestaron por esto y el tema llegó a la Corte Suprema, que avaló que los acusados siguieran presos.

El alto tribunal sostuvo que el límite de tres años no es de aplicación automática, sino que debe evaluarse en cada caso de acuerdo con las circunstancias particulares del proceso.

Los 380 procesados en causas de derechos humanos están acusados de delitos como desapariciones de personas, torturas, asesinatos, arrestos ilegales, extorsiones y robos de bebes.

De los presos, la mayoría no está en cárceles comunes, sino en dependencias de fuerzas de seguridad, en sus domicilios o en hospitales.

Estadísticas oficiales difundidas el año pasado advertían que sólo uno de cada cinco acusados en casos de derechos humanos estaban en prisiones nacionales o provinciales. Eran 45 de los 253 detenidos en aquel momento.

Después de Febres

Esta situación se modificó después de que el subprefecto Héctor Febres apareció muerto en un destacamento de la Prefectura de Tigre, donde estaba detenido. Fue el 10 de diciembre de 2007. Según la jueza Sandra Arroyo Salgado, que está a cargo del caso, fue envenenado para evitar que diera información sobre delitos de la dictadura.

Fuentes de la Procuración informaron ayer a LA NACION que luego de la muerte de Febres muchos acusados pasaron a cárceles comunes, pero que no hay todavía datos oficiales que permitan saber cuántos fueron los trasladados.

Preocupado por la lentitud de las causas que investigan crímenes de la última dictadura, el procurador general, Esteban Righi, elaboró el año pasado un informe que elevó a la Corte, llamado "Algunos problemas vinculados con el trámite de las causas por violaciones de derechos humanos". Allí analiza el porqué de las demoras.

De acuerdo con ese documento, las causas son variadas: jueces que se van y no encuentran reemplazante, investigaciones gigantescas que se acumulan en un mismo tribunal, etapas preparatorias que se prolongan sin razón, y recusaciones y excusaciones que suceden durante meses.

La Procuración advirtió que se llegó a demorar tres años en confirmar un procesamiento, dos en elevar a juicio una investigación ya cerrada, uno en reemplazar a un juez y cuatro en resolver un recurso de casación.

Las dos causas más grandes en materia de derechos humanos se tramitan en la ciudad de Buenos Aires. Son la que investiga los delitos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y la abierta por los crímenes en la órbita del I Cuerpo de Ejército.

La Procuración advirtió el año pasado que podría producirse un cuello de botella con estos expedientes, porque un solo tribunal oral, el número 5, deberá juzgar a todos los acusados de las dos megacausas. El informe sostuvo que, "de no modificarse los criterios de asignación de trabajo", muchos hechos que están cerca del juicio oral formarán parte de "la larga cola hacia el juicio que se viene construyendo" en el tribunal oral 5.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN LA PERLA

2008-03-07T17:19:00.000-08:00

Procesaron al "Nabo" Barreiro por dos secuestros en Córdoba
Por: Marta Platía

La Justicia Federal de Córdoba dictó el procesamiento, la prisión preventiva y un embargó por 400 mil pesos a Ernesto Guillermo Barreiro: el ex mayor del Ejército, acusado de torturas y desaparición de personas.

Barreiro, alias Nabo, Hernández, Rubio ó Gringo, fue jefe en el campo de concentración de La Perla: el mayor centro de torturas de Córdoba durante la última dictadura. En sendas resoluciones, la jueza Federal Nø 3, Cristina Garzón de Lascano lo consideró el responsable de la desaparición y los tormentos al estudiante Diego Hunziker, de 17 años; y de César Roberto Soria.

El represor de 59 años llegó al país en octubre del año pasado extraditado por Estados Unidos. En aquél país, lo detuvieron en abril de 2007, cuando descubrieron que había falseado sus datos migratorios. Es que quien fuera uno de los máximos jerarcas de La Perla, afirmó que nunca había cometido crímenes en la Argentina, aún cuando había sido detenido en 1984 y en 1987 por secuestros y torturas; y fue su llamado a declarar en 1987, lo que motivó el alzamiento carapintada contra el gobierno de Raúl Alfonsín.

Mientras se espera la inminente elevación a juicio de la causa "Humberto Brandalisis y otros" en la que Luciano Benjamín Menéndez, el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército durante la dictadura, iría por primera vez a juicio.

Ante el procesamiento, prisión y embargo para Barreiro, la agrupación H.I.J.O.S., dio a conocer un comunicado en el que afirma ron su deseo "de que los tiempos judiciales se aceleren" para que Barreiro "vaya a los estrados y diga todo lo que hizo en La Perla", y para que "no tenga la posibilidad de suicidarse o ser suicidado".

Una expresión en directa referencia a lo que tanto las Abuelas de Plaza de Mayo, como HIJOS, sospechan, a raíz de las súbitas muertes de los represores Héctor Febres, quien habría tomado cianuro en su celda bonaerense; y Paul Alberto Navone, quien fue encontrado el lunes 25 de febrero en el Hotel Parque de la Fuerza Aérea en Ascochinga con un disparo en la sien.

EL VIERNES, EL GOBIERNO ESPAÑOL ACEPTO EXTRADITAR AL MILITAR RETIRADO A LA ARGENTINA

2008-03-03T19:22:00.000-08:00

Reclaman que se juzgue primero en España al represor Cavallo

Abogados de ese país aducen que allí la investigación está mucho más avanzada.
Por:
Juan Carlos Algañaraz

TRASLADO. EL REPRESOR, EN 2003,
CUANDO LO LLEVABAN DE MEXICO A ESPAÑA.

Los abogados querellantes de las acusaciones populares y particulares pedirán hoy a la Audiencia Nacional que se fije la fecha del comienzo del juicio oral contra el capitán de corbeta (RE) Ricardo Miguel Cavallo.

Las organizaciones de derechos humanos y otros querellantes señalan que el procedimiento contra el represor de la Escuela de Mecánica de la Armada ha sido completado en España y lo único que falta es comenzar el juicio, mientras que en la Argen tina los trámites están mucho más demorados en las cinco causas abiertas que tiene Cavallo.

"En España, el procedimiento está concluido y sólo falta el establecimiento de la fecha para dar inicio a las sesiones del juicio oral. Antes de cualquier entrega temporal, es necesario que el proceso se inicie de inmediato.

Que sepamos no hay ningún procedimiento urgente pendiente en Argentina como para que se produzca la entrega temporal de Cavallo", sostuvo el letrado Manuel Ollé.El gobierno español autorizó el viernes pasado la extradición a Argentina de Cavallo, pero suspendió la entrega hasta que finalice el proceso abierto en España. La resolución señala que Cavallo podrá ser enviado a su país cuando queden "extinguidas las responsabilidades contraídas en territorio español y que derivan del sumario 19/97 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.En aplicación del tratado bilateral de Extradición hispano-argentino "podrá hacerse uso de la entrega temporal (de Cavallo) a la República Argentina, para lo cual tienen que ponerse de acuerdo ambos gobiernos y la Justicia de los dos países".

A esta alternativa se oponen los letrados Ollé y Carlos Slepoy, quienes en su escrito piden que se dicte un auto de admisión de prueba y el señalamiento del inicio de las sesiones del juicio oral.

El fiscal español solicita para Ricardo Miguel Cavallo una pena mínima de 13.332 años de cárcel y otra máxima de 17.010, en función de que se le condene por delitos de lesa humanidad o de genocidio y éstos estuvieran o no relacionados con delitos de terrorismo.

Se imputan siete asesinatos, 227 desapariciones, diez secuestros, 152 delitos de lesiones y 407 de terrorismo. Baltasar Garzón indagaba sobre los crímenes de la dictadura argentina en los famosos Juicios de Madrid, donde Cavallo apareció como uno de los más feroces represores de la ESMA reconocido por sobrevivientes y con muchos testigos de sus actos criminales.

Garzón pidió al gobierno mexicano que detuviera a Cavallo, quien residía en la capital como hombre de negocios, y fue arrestado el 24 de agosto de 2000 acusado por el magistrado español por delitos de lesa humanidad, genocidio y tortura; fue extraditado a España en junio de 2003. Desde entonces, está detenido en una cárcel madrileña y ya ha completado, entre México y España, ocho años de arresto.

En su escrito a la Audiencia Nacional, los letrados señalan que "la voluntad del ejecutivo no puede ser más precisa. La entrega extradicional de Ricardo Miguel Cavallo, queda suspendida hasta la celebración del juicio oral, la existencia de una sentencia firme y, en caso de resultar condenado, hasta la extinción de la pena impuesta".

O sea que antes de ser entregado a su país de origen la situación del represor es la de esperar a que el Alto Tribunal emita una sentencia firme después de la tramitación del juicio oral. En caso de condena, tiene que aguardar hasta cumplir la sanción penal impuesta por la justicia española. Recién después podría considerarse la entrega temporal.

En Argentina, Cavallo tiene pendientes cinco causas por su actuación en la ESMA. El juez argentino Sergio Torres solicitó a España, a finales de diciembre de 2006, la extradición de Cavallo por los delitos de detención ilegal, torturas, extorsión, robos con violencia e intimidación y falsificación documental.

EL EX PREFECTO ASESINADO EN SU LUGAR DE DETENCION

2008-03-03T18:06:00.000-08:00

11/12/2007

A Febres lo mataron porque estaba decidido a hablar

Para la jueza, a Febres lo mataron porque estaba decidido a hablar.

Arroyo cree que el represor fue envenenado para impedir que brindara detalles sobre la represión y el destino de los bebés nacidos en la ESMA.
Sostiene que existió un plan para silenciarlo que excedió a los prefectos presos.

Por: Pablo Abiad

EX PREFECTO HECTOR FEBRES.

A Héctor Antonio Febres lo envenenaron para impedir que hiciera pública cierta información sobre su rol personal y el de la Armada durante la última dictadura militar.

La jueza que investiga el crimen no sabe aún quién le dio la dosis letal de cianuro mientras estaba preso, pero considera probado que hubo dos prefectos que facilitaron la tarea del asesino como parte de un plan para que Febres nunca revelara sus secretos.

Sandra Arroyo Salgado procesó a esos dos prefectos como partícipes necesarios del homicidio: generaron "una zona liberada". Sobre la esposa de Febres, Stella Maris Guevara, y a sus hijos, Sonia Marcela y Héctor Ariel, la jueza cree que encubrieron el asesinato, en especial porque manipularon una computadora en la que Febres habría guardado datos sobre la represión ilegal.

En una resolución de 286 páginas a la que ayer accedió Clarín, el posible móvil del hecho está resumido con estas palabras: "Silenciar al que intente revelar datos o información de los hechos vinculados a las violaciones a los derechos humanos durante el último gobierno de facto".

Febres murió el 10 de diciembre pasado, preso por los crímenes de lesa humanidad que cometió mientras se desempeñaba en la Escuela de Mecánica (ESMA), especializado en el trato con mujeres embarazadas a las que les robaron los bebés. El 14 de diciembre, un tribunal oral iba a dictar una sentencia en su contra y, antes, a darle la oportunidad de manifestar lo que quisiera. Sus condiciones de detención eran por demás laxas: DVD, dos teléfonos, partidos de pádel.

En la amplia habitación que hacía las veces de celda, en un complejo de la Prefectura en el Tigre, la jueza Arroyo secuestró un borrador manuscrito que con la inscripción: "Marti-(chicos) contar todo". Y entre varios escritos relacionados con su defensa, se halló uno con alusiones puntuales a Ana María Marti, que recuperó a sus hijos y logró exiliarse, Sara Osatinsky, Silvina Labairu y Cecilia Viñas, detenidas en la ESMA.

Para Arroyo, Febres evidenciaba "una clara voluntad y decisión" de hablar por sentirse él un chivo expiatorio, según sus diálogos con familiares y con un sacerdote amigo. Su última visita antes de aparecer muerto -abrazado a la almohada, con el cuerpo de costado- fue uno los prefectos que hoy están procesados: Angel Volpi, del que se había hecho muy compinche.

Tanto este oficial como el suboficial Rubén Iglesias continuarán detenidos, a diferencia de la esposa y los hijos de Febres. Sin embargo, la jueza sostiene que los dos prefectos fueron "apenas una pieza necesaria" en el crimen. Desde febrero, la investigación se encaminará hacia otros funcionarios navales en actividad; por ejemplo, Carlos Fernández, el titular de la Prefectura que perdió el cargo por este episodio.

Preso, Febres habría sido visitado por alguien "de inteligencia" -aparentemente de la Armada- que le habría recomendado mantener la boca cerrada. Más aún, la jueza sostiene que esas condiciones de detención relajadas escondían el control permanente de todo lo que este represor pensaba y decía, de sus estados de ánimo fluctuantes y de qué tanto podría animarse a hablar. La computadora que usaba desapareció de la escena del crimen y luego reapareció de modo confuso. Si sus secretos fueron borrados de ahí, podrían haber quedado en cartas que les escribió a su esposa y a sus hijos.

Víctima y verdugo, ambos silenciados

Mariano Thieberger
Julio López, víctima de la represión, desapareció después de brindar un testimonio clave en el juicio contra Etchecolatz. Héctor Febres, verdugo de aquellos años, fue asesinado cuando se mostraba decidido a revelar algunos de sus secretos. Los responsables parecen haber perseguido el mismo objetivo: el silencio. Eso confirma al menos dos cosas: que 30 años después quedan muchos detalles del horror por conocer y que todavía existe un aparato siniestro capaz de evitarlo.

LA JUSTICIA Y EL GOBIERNO ESPAÑOL TIENEN AHORA LA ULTIMA PALABRA

2008-02-20T18:23:00.000-08:00

México ya dio luz verde para que España extradite al ex represor Cavallo
Lo hizo al dar una autorización para que eventualmente sea juzgado en Argentina.

Por: Juan Carlos Algañaraz

Las organizaciones de derechos humanos, por intermedio de sus letrados querellantes, se opusieron ayer a la extradición de Ricardo Miguel Cavallo a Argentina y exigieron que comience de inmediato el juicio oral en Madrid contra el represor de la Escuela de Mecánica de la Armada, según lo explicaron a Clarín.Estas expresiones se produjeron después que México aprobó que la Justicia española, y el gobierno, en última instancia, decidan si el capitán de corbeta (RE) debe ser juzgado en España por delitos de lesa humanidad o se lo extradita a Argentina donde se lo reclama en cinco causas judiciales por los delitos cometidos en la ESMA."Cavallo tiene que ser juzgado en España, donde solo falta anunciar la fecha del juicio oral, y vamos a reclamar que la Audiencia Nacional se pronuncie contra la extradición a Argentina. También pediremos al gobierno español, que tiene en sus manos la decisión final, para que se oponga a la extradición y se decida el juicio oral aquí", dijo a Clarín Manuel Ollé, el abogado que representa a las organizaciones de derechos humanos en la querella contra Cavallo."Esta decisión está de acuerdo con la situación actual del Derecho Penal Internacional. Porque es en España donde en mejores condiciones se estaría para celebrar el juicio ya que el procedimiento está pendiente de que se fije fecha para comenzar el juicio oral contra Cavallo. Por el contrario, en Argentina se debería con tinuar la instrucción y por lo tanto se demoraría más el inicio del enjuiciamiento", añadió Ollé.La canciller mexicana, Patricia Espinosa, entregó el 7 de febrero pasado la autorización del gobierno mexicano a la Embajada de España en México, para que sea la Justicia española la que se pronuncie y el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, adopte la decisión final. "Nosotros no queremos protegerlo. Cumplimos con el procedimiento para que sea juzgado en el país que la autoridad determine", informó un vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana. La Audiencia Nacional y el gobierno español habían pedido hace más de un año a México que les hiciera conocer su criterio sobre la situación de Cavallo ya que había sido extraditado para que se lo juzgara en España. El juez español Fernando Andreu, advirtió el lunes que si para el 31 de marzo no se producían novedades sobre la situación del oficial de la Marina argentina, se podría decidir su libertad ya que hace casi ocho años que está detenido sin ser sometido a juicio.Cavallo fue detenido en México el 24 de agosto de 2000 por pedido del juez Baltasar Garzón quien lo imputaba por delitos de lesa humanidad, genocidio y tortura y fue extraditado a España en junio de 2003.En enero del 2007, Cavallo manifestó que deseaba ser juzgado en Argentina. En España, el ministerio fiscal reclama para el acusado una pena mínima de 13.332 años de cárcel y otra máxima de 17.010, en función de que se le condene por delitos de lesa humanidad y éstos estuvieran o no relacionados con delitos de terrorismo. Se imputan siete asesinatos, 152 delitos de lesiones y 407 de terrorismo.

COMPLICADA SITUACION JUDICIAL DEL EX MINISTRO DEL INTERIOR DE LA DICTADURA

2008-02-20T18:18:00.000-08:00

19/02/08

Detuvieron a Harguindeguy por el secuestro de dos empresarios
La jueza federal María Servini de Cubría le notificó ayer la medida en Tribunales. Luego le concedió la prisión domiciliaria por tener 81 años. Por el mismo hecho, ocurrido en 1976, está procesado el ex dictador Videla.
Por: Pablo Abiad SONRIENTE. ALBANO HARGUINDEGUY SALE, HACE UNOS AÑOS, DE UN ACTO.

El primer ministro del Interior de la última dictadura, Albano Harguindeguy, fue detenido ayer por el secuestro de dos empresarios entre 1976 y 1977. La jueza federal María Servini de Cubría aceptó concederle un arresto domiciliario.En esta causa, en la que también está imputado el ex dictador Jorge Videla, Harguindeguy había recibido un indulto en 1989. El actual juez del caso, Norberto Oyarbide, dejó sin efecto ese beneficio en setiembre pasado por encontrarlo inconstitucional. Esta decisión de Servini -en reemplazo de Oyarbide- retrotrae la situación del ex general al momento en que el entonces presidente Carlos Menem le concedió aquel perdón por decreto.Con saco azul, pantalón más claro, anteojos gruesos y bastón, Harguindeguy -de 81 años- se presentó ante la jueza a las 14:30 para que se lo notificara de la medida. Luego Servini dispuso su detención "teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que se investigan y la escala penal resultante de los delitos que se imputan", de acuerdo a una resolución a la que accedió Clarín. La semana pasada, además, se lo había reclamado la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.Nada tiene que ver con esto una denuncia que la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense formuló hace diez días acerca de que Harguindeguy había sido visto veraneando en las playas de Pinamar. Bajo proceso en otras investigaciones por crímenes de lesa humanidad (ver Perfil), Harguindeguy permanecía en libertad desde que la Cámara de Casación consideró agotado el plazo de su prisión preventiva en la causa sobre el Plan Cóndor. En todos los casos, lo defiende Jaime Smart, otro ex ministro de la dictadura.Este expediente que Oyarbide retomará en marzo trata sobre la desaparición de Federico y Miguel Ernesto Gutheim, padre e hijo, dueños de una fábrica de algodón. Tanto Harguindeguy como Videla y su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, están sospechados de haber dispuesto las detenciones de los Gutheim para forzarlos a concretar una operación comercial con Hong Kong que le permitiera a la dictadura cerrar unos créditos.Este sumario es viejísimo: se abrió en 1985 en la fiscalía de Investigaciones Administrativos, se congeló durante el menemismo con las leyes del perdón y se reactivó el año pasado, lo mismo que todas las causas sobre delitos de lesa humanidad. "Secretaría de Agricultura de la Nación s/presuntas irregularidades en el trámite de exportación de la fibra de Algodón", es su carátula original. El ex fiscal Ricardo Molinas llegó a reconstruir que, secuestrados, los Gutheim tuvieron reuniones con funcionarios de Economía en enero de 1977.El 27 de abril de 1988, el entonces juez Martín Irurzun dispuso la prisión preventiva de Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz. Antes de que los indultaran a los tres, la preventiva de Martínez de Hoz fue revocada por la Cámara Federal, la de Harguindeguy no terminó de cumplirse -hasta ahora- y a Videla alcanzaron a pedirle una pena de 10 años de prisión por "secuestro extorsivo cometido en dos oportunidades en concurso real con el de falsedad ideológica -un hecho- en grado de autor", según consta en el expediente.La declaración de inconstitucionalidad de los indultos del ex dictador y sus ministros todavía debe ser confirmada por la Cámara Federal porteña, que ya se pronunció en este sentido en muchos otros casos. Integran la Sala II para esta causa los jueces Horacio Cattani y Eduardo Freiler.Enterado de que Servini tomó la decisión que se le había solicitado, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, opinó: "La medida dispuesta repara una gravísima incongruencia jurídica de que uno de los principales responsables del terrorismo de Estado, Harguindeguy, siga gozando impunemente de libertad, ofendiendo así a la conciencia democrática".

"Pongamos de pie al Poder Judicial"

2008-02-20T18:13:00.000-08:00

19/02/08
La Corte Suprema decidió lanzar el año judicial en una ceremonia cargada de contenido, de la que participaron representantes del Poder Judicial nacional y provincial que desbordaron ayer la Sala de Audiencias del Tribunal. "Nos llena de orgullo -dijo Ricardo Lorenzetti, titular de la Corte, a poco de empezar su discurso.- que estén quienes han luchado durante toda la vida por la Justicia, en un sentido más amplio, como las Madres de Plaza de Mayo". Encabezada por Hebe Bonafini, una delegación de Madres ocupó la segunda fila del salón.El discurso de Lorenzetti estuvo centrado en tres palabras del preámbulo de la Constitución: "Afianzar la Justicia", desafío que presentó como el gran esfuerzo a llevar adelante "Esto es consolidar un Poder Judicial fuerte, autónomo, independiente, capaz de defender los derechos y garantías de todos los ciudadanos; capaz de poner límites a todos los poderes de toda naturaleza"Después afirmó que para afianzar la Justicia, "se requiere que haya más jueces, que sean nombrados en tiempo oportuno, y legislación adecuada. Nuestro pueblo percibe las declaraciones, pero no vive los resultados" de la tarea judicial. Lorenzetti habló de "una ley igual para todos, ya sea que viva en el interior o en Capital, sea rico o pobre, tenga poder o sea débil".Anunció la informatización nacional de los tribunales, el plan de audiencias públicas sobre casos trascendentes y un plan nacional de gestión tendiente a hacer más fácil el acceso a la justicia. "Si no cambiamos el sistema, los resultados no vendrán"; exigió la autonomía económica de la Justicia y advirtió: "Las instituciones no pueden estar encerradas en sí mismas. Debemos lograr que sean permeables a las necesidades de la población. Necesitamos estadistas y políticas de Estado. Y entusiasmarnos para poner de pie a este Poder Judicial"

PROCESO DE EXTRADICION DESDE ESPAÑA DEL EX JEFE OPERATIVO DE LA TRIPLE A

2008-02-19T19:02:00.000-08:00

Caso Almirón: piden a Garzón que cite a Fraga Iribarne y al alcalde de Madrid
Es porque el líder conservador español lo tuvo como jefe de su custodia.

Por: Juan Carlos Algañaraz

DETENIDO. RODOLFO ALMIRON, APRESADO EN VALENCIA POR POLICIAS ESPAÑOLES.

Pedimos al juez Baltazar Garzón que el comisario Rodolfo Almirón sea imputado por los delitos de genocidio y terrorismo de Estado y que sean llamados a declarar como testigos Manuel Fraga Iribarne, a quien el acusado prestaba servicios como jefe de su custodia, y Alberto Ruiz Gallardón, actual alcalde de Madrid, quien actuaba como su abogado". Así lo manifestó a Clarín, Lois Pérez Leira, coordinador del Movimiento Argentinos en el Exterior que es parte querellante, pa trocinada por el abogado Carlos Slepoy Prada, en los juicios contra los crímenes de las dictaduras de Argentina y Uruguay que investiga Garzón.En una misiva entregada al juez Garzón se presenta una lista de cuatro españoles y tres familiares de ciudadanos de España asesinados por la Triple A. Se pide que Almirón sea imputado también por estos crímenes. El gobierno español decidió el viernes pasado aceptar la solicitud de extradición del juez federal argentino Norberto Oyarbide que acusa al ex subcomisario de la Policía Federal por delitos de lesa humanidad, asociación ilícita y homicidio doblemente agravado y por hechos reiterados. Además de Fraga y Ruiz Gallardón, el Movimiento Argentinos en el Exterior pide que se cite como testigo a la ex presidenta María Estela Martínez, al policía detenido en Madrid en trámite de extradición Juan Carlos Fotea Dimieri, a quien se acusa por el secuestro y asesinato del escritor y periodista Rodolfo Walsh. También se solicita que cite a atestiguar a Ana María Gil, segunda esposa de Almirón, quien había declarado a periodistas españoles que la Alianza Popular "cuyo máximo dirigente era Manuel Fraga les pidió (a Almirón y su mujer) que se mantuvieran en un discreto segundo plano, que velarían por su futuro y su economía", dice la carta de la entidad entregada al juez español a la que accedió Clarín.La lista de las víctimas es la siguiente: Gonzalo Fernández Palmeiro (nacido el 8 de mayo de 1948 en la aldea de As Pozas, Prada) fue secuestrado por la Triple A y asesinado a balazos en un descampado. Isidoro Ferreiro Barbeito (nacido en Monforte de Lemos, Lugo) desaparecido en junio de 1974 y secuestrado por miembros de la Triple A. Carlos Crespo Rodríguez (nacido el 12 de enero de 1949 hijo de padre gallego). Esta víctima desapareció en agosto de 1975. Tenía 26 años y su esposa se encontraba embarazada. Stella Maris Caruso (pareja del español Gonzalo Fernández Palmeiro) desapareció en 1974 y su cuerpo fue encontrado acribillado a balazos en un descampado. Susana María Coll (sus padres eran de Mallorca). El 5 de setiembre de 1975 fue secuestrada por la Triple A. Los asesinos la ataron a un bloque de cemento y la acribillaron. Su cadáver tenía más de 50 impactos de bala. Era madre de dos hijos. La lista se completa con Carlos Alberto Banylis Sanez (casado con la española, Nora Alicia Cid, de Xinzo de Limia). Delegado sindical, la Triple A lo asesinó de 70 balazos delante de su familia. Sus restos fueron luego esparcidos por trabajadores del gremio del transporte por Plaza de Mayo. Almirón ya está acusado de ser "instigador y partícipe necesario" de varios atentados en los fueron asesinados el diputado Rodolfo Ortega Peña, el ex jefe de la policía bonaerense y militante peronista Julio Troxler, el intelectual y profesor universitario Silvio Frondizi (hermano del ex presidente Arturo Frondizi) y el amigo de éste Luis Mendiburu. También se lo sospecha asesino del sacerdote Carlos Mugica, entre otros ataques.El ex subcomisario pertenecía al círculo íntimo de López Rega y actuaba como jefe de la custodia de la presidenta María Estela Martínez. En febrero de 1975 acompañó a López Rega cuando este viajó a España como embajador itinerante también como guardaespaldas del ex ministro. Años después se convirtió en jefe de la custodia del líder de la oposición conservadora, Manuel Fraga Iribarne. La revista "Cambio 16" descubrió en marzo de 1983 las actividades de Almirón y su vínculo con Fraga Iribarne y las denunció en una portada titulada "Un criminal protege a Fraga". El actual alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, que actuaba co mo abogado de Almirón intervino en un pedido de secuestro de "Cambio 16" que fue aceptado por la Justicia española. La revista insistió con otra portada titulada: "Escándalo Almirón: Fraga protege a un criminal". Nuevamente se produjo un pedido de secuestro de la edición que el magistrado actuante acepto pero cuando ya la revista había vendido casi por completo su edición, que superó el medio millón de ejemplares.

"En el caso Trelew, la Justicia tenía una deuda y a mí me toca saldarla"

2008-02-19T18:56:00.000-08:00

HUGO SASTRE, 48 AÑOS, EL JUEZ QUE INVESTIGA EL ASESINATO DE 16 GUERRILLEROS, EN 1972, EN LA BASE NAVAL

Una investigación de un año y medio puso fin a treinta y cinco años de silencio y encubrimiento.
Por: Carlos Guajardo
Fuente: CHUBUT. ESPECIAL

JUEZ SASTRE. "HUBO GENTE QUE VINO A DECLARAR Y SE FUE SIN DECIR NADA. PERO VOLVIO A LA SEMANA Y CONTO LO QUE SABIA."

Cuando empezó a investigar en junio de 2006, el juez federal subrogante de Rawson, Hugo Sastre, encontró un expediente: "NN/ masacre de Trelew". Tenía 200 fojas, algunos datos perdidos de la fuga del penal de Rawson y un par de testimonios de marinos. Ni una mención a que alguien hubiera muerto ni en cuáles circunstancias. Además, todo había sucedido 34 años atrás. Un año y ocho meses después, Sastre, casado, dos hijos, presidente del Club Huracán de Trelew, logró la detención de cuatro de los seis acusados (uno murió), entre ellos el por tres décadas inhallable capitán Luis Emilio Sosa, acusado de responsable de la masacre.-¿Pensó alguna vez en llegar hasta acá, con tres detenidos y dos prófugos?-Siempre tuve fe. Y la convicción de encontrar a gente relacionada con el hecho. Cuando tomé el caso, el mismo Luis Eduardo Duhalde (secretario de Derechos Humanos) me dijo que iba a ser una tarea titánica, casi imposible. Pero no le aflojamos. Yo soy nacido y criado en Trelew. Tenía 12 años cuando ocurrió la masacre. Y la tengo en la mente. No es una cuestión personal. Creo que la justicia tiene una deuda. Y me toca a mí saldarla.-¿Por dónde empezó?.-Hubo dos cuestiones clave. Primero, al ser de Trelew tenía ciertas ventajas. En aquella época la Base Zar estaba muy arraigada en la comunidad. Por su llegada se habían construido casas y caminos. Yo iba a la escuela en un micro de la Base. Conocía a gente que en agosto del 72 trabajaba allí, vecinos comunes. Empecé por ellos. Alguien tenía que tener un dato. Y fue así: había datos por todos lados.-¿La gente declaró sin problemas?-No. Hubo quienes a treinta y cinco años, tenían miedo de hablar. Hubo mujeres que se descompensaron durante la declaración, y nosotros ni médico teníamos. Otros se iban sin decir nada. Temblaban. Pero volvían a la semana y declaraban. Recuerdo a un ex conscripto que me dijo: "Mire, llevo veintisiete años de casado. Y nunca hablé de esto ni con mi esposa ni con mis hijos". La primera vez que lo hacía era adelante mío.-¿Hubo algún testimonio clave?.-Sí, el de un ex conscripto que me dijo que había visto al capitán Sosa en la Base de Puerto Belgrano en 1973. Le pregunté: "¿Está seguro?". Casi se me enoja. "¿Cómo no voy a conocer al capitán Sosa?", me increpó. Era evidente que había vuelto al país. Pero puedo decir que lo que le puso una bisagra a la causa fue la declaración del doctor Lois.-¿Qué papel jugó?.-Era médico en la Base Zar la madrugada de la masacre. Dijo que cuando llegó al lugar sintió olor a pólvora y a sangre fresca. Y que vio cadáveres por todos lados. Empezó a contar quienes estaban. En un momento tuve que decirle que dejara de hablar porque, si no, dejaba de ser testigo y tenía que designar abogado defensor porque iba a imputarlo. El fue quien firmó los certificados de defunción de los dieciséis militantes muertos. Nos dio datos muy importantes. Pero también hubo otro ex conscripto que nos dio información buena. Nos dijo que hasta la noche antes de las muertes, ellos dormían en el pasillo de los calabozos, donde estaban los detenidos. Y que el 22 los echaron sin darles explicación.-¿Cómo llegan a Sosa?.-Fue un trabajo titánico. Nos dijimos: es un hombre grande, tuvo que usar la obra social. Entonces, pedimos a la obra social de la Armada un lista de los afiliados activos y retirados. Nos mandaron varias cajas, con más de cien mil nombres que no estaban ordenados alfabéticamente. Revisamos uno por uno. Y lo encontramos. También supimos donde cobraba la jubilación. Y yo usé un poco mi experiencia en el juzgado electoral. Averiguamos en Migraciones, en registros civiles, porque sabíamos que era casado y tenía hijos. Conocimos sus pasos de cinco años para atrás porque comenzó después a cambiar más seguido de domicilio. El resto lo hizo la División Drogas Peligrosas de la Policía de Chubut que trabajó muy bien.-¿Terminan en Sosa las responsabilidades?-Es algo que todavía no voy a contestar. Vamos a seguir adelante, como se dice comunmente hasta "el hueso". Este es un caso que merece justicia.-A esta altura de la investigación, ¿ya sabe quién o quiénes dispararon a los militantes?.-Tengo cierta certeza. Diría que hasta en algún caso, la plena seguridad.

Se entregará otro prófugo
El ex cabo primero de la Armada, Carlos Amadeo Marandino, se presentó ayer en la Embajada Argentina en Washington para anunciar que viajaba a Buenos Aires para entregarse en el juzgado federal de Rawson. Sobre Marandino pesa un pedido de captura del juez Hugo Sastre por su eventual participación en la llamada "Masacre de Trelew", el 22 de agosto de 1972.La noticia la dio ayer en Rawson el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, junto al gobernador provincial Mario Das Neves, luego de entrevistarse con el juez. Duhalde es querellante en la causa y en los años 70 fue defensor de algunos de quienes luego resultaron víctimas en la matanza.Según el anuncio, Marandino llegará hoy y se trasladará a Chubut. Se cree que el prófugo restante, el teniente Roberto Guillermo Bravo, también vive en Estados Unidos, país que tuvo "una fuerte vinculación", dijo Duhalde, con los militares involucrados en la masacre.

Comenzó el primer juicio de una víctima del robo de bebés contra sus apropiadores

2008-02-19T18:45:00.000-08:00

19/02/08
Son un ex militar y el matrimonio que crió a la nieta recuperada María Eugenia Sampallo Barragán.

En la jornada inaugural, se negaron a declarar. Se los juzga por los delitos de sustracción de menor, falsificación de documento público y supresión de identidad.
Un ex militar y un matrimonio que crió a una hija de desaparecidos tras adulterar la partida de nacimiento se negaron hoy a declarar. Fue en el comienzo del juicio por la apropiación de María Eugenia Sampallo Barragán, quien recuperó su identidad en el 2001 y actúa como querellante. Hoy por la mañana, el Tribunal Oral Federal 5 escuchó durante cuatro horas la lectura de la acusación contra el matrimonio -hoy separado- de Osvaldo Arturo Rivas y María Cristina Gómez Pinto; y el capitán retirado del Ejército Enrique José Berthier, quien hace seis años que está preso. En la lectura, se ventilaron las pruebas que llevaron a los acusados al banquillo por los delitos de sustracción de la menor, así como la ocultación y retención de su identidad. También por haber sido participes de la falsificación de la partida de documento que fue firmada por Julio César Cáceres Monié, conocido como "El Tordo" por su condición de médico, que murió antes del proceso. Luego se les ofreció a los imputados la posibilidad de declarar en calidad de acusados, algo que fue rechazado por todos. Mientras Cecilia Pando, referente de una organización en defensa de lo actuado durante la dictadura, se quejaba de las investigaciones reabiertas en la Justicia, los jueces del TOF 5 Daniel Obligado, Ricardo Farías y Guillermo Gordo comandaron la audiencia, en la que estuvieron presentes dirigentes de Abuelas de Plaza de Mayo y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. El juicio continuará el jueves, con el testimonio de María Eugenia Sampallo Barragán, quien fue anotada en mayo de 1978 como hija del oficinista Osvaldo Arturo Rivas y el ama de casa María Cristina Gómez Pinto. La beba había llegado a manos del matrimonio a través de Berthier, represor de El Vesubio, según detalla la causa. María Eugenia supo cuando tenía 10 años que no era hija de sangre de sus padres, pero recién en el 2000 se presentó en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) para resolver las dudas sobre su identidad. Un año después el Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durand confirmó que, a través de un examen de ADN, que sus padres habían sido Mirta Mabel Barragán y Leonardo Sampallo.

EL OPERATIVO REPRESIVO EN EL CONO SUR

2007-11-29T21:18:00.000-08:00

Videla y 16 ex jefes militares, a juicio oral por el Plan Cóndor

El ex dictador Jorge Rafael Videla y otros 16 ex jefes militares de la última dictadura serán sometidos a juicio oral y público por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el marco del "Plan Cóndor", el operativo de coordinación represiva en los países del Cono Sur.

El juez federal Sergio Torres dio por clausurada la investigación del caso -según se supo ayer- y firmó una resolución de 332 carillas. Videla -con prisión domiciliaria- y los demás militares están procesados por delitos como asociación ilícita y privación ilegal de la libertad.

Los demás acusados serán el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides; el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez; el ex ministro del Interior Eduardo Albano Harguindeguy, y el ex ministro de Planificación Ramón Díaz Bessone, según informaron a Clarín fuentes judiciales.Completan la lista Antonio Vañek, Antonio Bussi, Santiago Riveros, Eduardo Daniel De Lío, Carlos Humberto Caggiano Tedesco, Juan Pablo Saá, Carlos Tragant, Bernardo Menéndez, Jorge Carlos Olivera Rovere, Antonio Guañabens Perelló, Carlos Landoni y Ernesto Arturo Alais.

Entre los casos por los que serán juzgados varios de ellos se encuentra el de María Claudia Irureta Goyena García de Gelman, nuera del poeta Juan Gelman, desaparecida mientras se encontraba embarazada.Sobre este caso, el juez Torres resumió: "Dicha privación ilegítima resultó perpetrada parcialmente en suelo argentino con la intervención de fuerzas argentinas y uruguayas (secuestro e interrogatorio en "Orletti" por fuerzas conjuntas y su traslado hacia el Uruguay); dentro del marco de la coordinación ilegal entre fuerzas militares y de seguridad de ambos Estados sudamericanos integrantes del binomio y por consiguiente subsumida en la estructura de la ejecutoriedad del Plan Criminal Cóndor".

Este expediente fue iniciado por el ex juez federal Adolfo Bagnasco. Lo reemplazó Jorge Urso y la última parte de la investigación la realizó Guillermo Montenegro, futuro ministro de Seguridad de Mauricio Macri en la Ciudad. Torres está suplantándolo por lo que queda del año.En la causa se investiga "la concertación de un acuerdo criminal" entre las dictaduras y fuerzas armadas que por entonces imperaban en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Perú, para secuestrar, intercambiar y asesinar a opositores que se habían exiliado en otro país.

Una parte del sumario, sin embargo, continuará en trámite. Hay ex autoridades de Uruguay por las que la Justicia argentina tiene planteados pedidos de extradición.

Otro de los casos es el del ex senador uruguayo Zelmar Michelini, secuestrado en un hotel del centro porteño.

El primer juicio sobre la ESMA

2007-09-06T19:34:00.000-07:00

Jueves, 06 de Septiembre de 2007
EMPIEZA EL 18 DE OCTUBRE EL PROCESO CONTRA FEBRES

Es un prefecto que fue miembro del grupo de tareas y encargado del ajuar de los recién nacidos que iban a ser apropiados. Lo juzgarán sólo por cuatro casos de secuestros y torturas.

El represor Héctor Febres fue torturador y secuestrador de la ESMA.

Por Victoria Ginzberg

Los miembros del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) se reconocían como animales. Alfredo Astiz se hacía llamar “El Cuervo”, Jorge Acosta, “El Tigre”, Jorge Perrén, “El Puma”. A Héctor Febres, en cambio, le decían “Selva”. “Porque era todos los animales juntos”, recordó Carlos Gregorio Lordkipanidse, un ex detenido que lo padeció en ese centro clandestino. Febres, que era el encargado del ajuar de los recién nacidos que luego eran apropiados, será el primer represor de la ESMA sometido a un juicio oral después de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El proceso comenzará el 18 de octubre.

Será el primer juicio oral sobre la ESMA. Pero no habrá un marino en el banquillo. Febres, un integrante de la Prefectura Naval, deberá responder por cuatro casos de secuestros y torturas.

Está previsto que se escuchen cerca de 60 testimonios y que las audiencias se extiendan durante algo más de un mes, antes de que lleguen los alegatos y la sentencia. La mayoría de los testigos propuestos por las partes y por la fiscal Mirna Goransky son sobrevivientes de la ESMA.

También será convocado el coronel Horacio Ballester, del Centro de Militares por la Democracia (Cemida), y se incluirán declaraciones ya dadas por represores, como Adolfo Donda o Juan Carlos Rolón.

El proceso lo llevará adelante el Tribunal Oral Federal 5, que reúne todos los expedientes vinculados con la ESMA y el Primer Cuerpo de Ejército y que condenó el año pasado al represor Julio Simón, alias El Turco Julián. El de Febres, por el momento, es el único juicio que los jueces Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado (que se incorporó al cuerpo hace una semana) realicen este año.

El prefecto será juzgado por los secuestros de Carlos Alberto García, Alfredo Julio Margari, Josefa Prada de Olivieri y Carlos Gregorio Lordkipanidse. “Tengo bronca, porque la primera vez que declaré contra él fue hace veinte años, en febrero de 1987, y recién ahora se hace el juicio. La causa se desguazó y vamos a tener que volver a testimoniar miles de veces. Es una infamia que lo juzguen por tan pocos casos cuando era un vitalicio de ese lugar, era un torturador y también operativo del aparato secuestrador”, dijo Lordkipanidse.

“Acá soy el que da máquina”, fue lo primero que él le escuchó decir a Febres cuando llegó a la ESMA, el 18 de noviembre de 1978, después de haber sido secuestrado junto a su mujer.

Margari fue detenido ilegalmente un año antes, el 17 de noviembre de 1977, y García el 21 de octubre del mismo año. A Prada de Oliveri la llevaron a la ESMA junto a su esposo el 21 de diciembre de 1977. Estaba embarazada de cuatro meses. Los cuatro recuperaron la libertad.

Elea Peliche, abogada de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, se mostró decepcionada porque el juicio abarca muy pocos delitos y se quejó porque el tribunal dejó afuera de este proceso el caso de Raimundo Villaflor, quien murió en la ESMA a causa de las torturas.
“Nos hubiera gustado un juicio que reuniera más hechos y más imputados. Pero teniendo en cuenta que hace cuatro años que se anularon las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, es imperioso que comiencen los juicios, ya que la parte central de esta causa sigue obstruida por el accionar de la Cámara de Casación”, señaló, por su parte, Rodolfo Yanzón, abogado de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos y otro de los querellantes.

Al anularse las leyes de impunidad, la causa ESMA volvió a la situación en la que había quedado en 1987. Diez marinos, entre ellos Astiz y Acosta, estaban en condiciones de ser juzgados. Pero el represor Enrique Scheller, que también era de la partida, presentó un recurso ante la Cámara de Casación que paralizó el proceso. Parte de ese tribunal, que fue luego acusado por “cajonear” los expedientes sobre los crímenes de la dictadura, fue recusado por los sobrevivientes. Durante ese trámite, el juez Alfredo Bisordi llamó “delincuente terrorista” a una de las víctimas.

Después de que Casación fuera cuestionado en el Consejo de la Magistratura, el caso de Scheller volvió a la vida. Pero fue entonces el represor quien impugnó la participación de los jueces que habían sido acusados y rechazó que se nombraran conjueces.

Este es el estado actual de aquel caso. Por lo tanto, será Febres el primer representante de la ESMA en ser juzgado.

Imagen: Sandra Cartasso

Dia del Detenido-desaparecido

2007-08-30T19:40:00.000-07:00

30 de Agosto de 2007

Acto en el Parque de la Memoria

Integrantes de organizaciones de derechos humanos realizaron hoy una recorrida por el Parque de la Memoria, ubicado sobre la costanera Norte del Río de la Plata en esta Capital, en homenaje al Día Internacional del Detenido-Desaparecido.

"Vengo a tocar el nombre de mi hijo", dijo Tati Almeyda, de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo, al acercarse a la placa grabada con el nombre de su hijo desaparecido.
En el predio de 14 hectáreas fue construída una colina artificial donde se levantaron cuatro estelas cubiertas con 30.000 ladrillos de piedra pórfido patagónico, en las que se grabaron los nombres de más de 8.700 víctimas del terrorismo de Estado desde 1969 hasta 1983.

El proyecto, impulsado por organismos de derechos humanos, está a cargo de la Comisión Pro Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, integrada también por legisladores, profesionales y familiares de desaparecidos.
El Día Internacional del Detenido Desaparecido, que se conmemora el 30 de agosto en todo el continente, fue instituído por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM).

En coincidencia con esa recordación familiares de los desaparecidos de la última dictadura realizaron la visita para encontrarse con los nombres de sus seres queridos. Al ubicarlos, el contacto con la placa grabada y el abrazo interminable se tornaban inevitables a cada paso.

"Acá está la pauta del horror que los genocidas causaron" dijo Almeyda al recorrer el sendero que finaliza en un "muelle de homenaje", frente al río donde muchas de las víctimas que estuvieron secuestradas en centros clandestinos fueron arrojadas vivas desde los aviones de las fuerzas armadas.
La cantidad de nombres grabados se incrementará a medida que se cumpla con la documentación que exige la Justicia y de las investigaciones realizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

"No faltan nombres, sobran...", sostuvo Marcelo Brodsky, hermano de una víctima del genocidio, sobre el número de placas grabadas, para señalar que esa cantidad es suficiente para entender el significado del horror.
"Este es un lugar donde se puede venir a reflexionar, no es un cementerio, porque lamentablemente no están los cuerpos", dijo Brodsky quien también integra la Comisión pro Monumento.

La primera etapa del proyecto se concretó en 2001, con la inauguración de la Plaza de acceso al Parque de la Memoria.
Enrique Fernández Meijide, inspector de la obra en representación de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que en noviembre próximo se inaugurará la segunda etapa, cuando se concluya el salón de usos múltiples, emplazado junto al sector donde se levantan las paredes con los nombres de los desaparecidos y asesinados.

Desde otra perspectiva, Nora Cortiñas, de Madres Línea Fundadora señaló que vió la obra como "muy gris y muy uniformada".

En cambio, para Cristina Muro de Chiapolini, el espacio "grafica la dimensión del genocidio en la Argentina y devuelve el nombre a nuestros seres queridos, que fue lo primero que les quitaron", según expresó luego de señalar la placa donde figura el nombre de su esposo.

El Parque de la Memoria fue construído por una iniciativa presentada a la Legislatura porteña el 10 de diciembre de 1997, que convirtió en ley el proyecto de construir un "lugar de recuerdo y de testimonio" sobre los hechos trágicos provocados por el terrorismo de Estado que marcaron al país.

UN INVENTARIO EXASPERANTE

2007-08-30T19:23:00.000-07:00

29 DE AGOSTO DE 2007

Por Mario Wainfeld

El "federalismo" añade confusión con su maraña de competencias.
El informe elevado a la Corte Suprema por la Unidad Fiscal de Coordinación y seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos (UFC) es un inventario de juicios empantanados (ver nota central, debajo de ésta). Los motivos de la parálisis son variados, pero priman las fallas humanas.
La UFC forma parte de la Procuración General, que conduce a los fiscales federales. De ellos, diseminados en toda la geografía nacional, proviene la información.
El documento provee a la Corte de data que ésta podía entrever, pero no conocer en detalle. El Poder Judicial no es vertical; su cabeza no recibe información regularmente de los tribunales inferiores.

El federalismo añade confusión con su maraña de competencias.

El primer mérito del documento es darle publicidad a una situación compleja, preocupante, conocida en general pero escasamente documentada por organismos oficiales.

Muchos factores complican el avance de los juicios en los que se investigan los crímenes del terrorismo de Estado. Las idas y vueltas institucionales, los renuncios de varios gobiernos determinaron que se archivaran los expedientes, luego reabiertos.
Los testigos se han visto obligados a repetir sus declaraciones, tres décadas después de los hechos.
Los expedientes han ido brotando en buena medida como flores silvestres sin ninguna ingeniería que evitara repetir hasta el hartazgo audiencias y pruebas.
La logística de los tribunales federales o provinciales no basta para gestionar centenares de juicios orales y públicos.
Las agencias de seguridad no tienen suficientes efectivos para proteger a los testigos, quienes (además) usualmente desconfían de los uniformados con sobrados motivos. Y, además, hay protagonistas decisivos que desean impedir (o al menos dilatar todo lo posible) la búsqueda de verdad y justicia ante los estrados.
En ese contexto llega el material de la Procuración General.

Hablamos de procesos que no son, ni fueron nunca, juicios comunes. Los testigos, la UFC lo asume, son casi todos víctimas del terrorismo de Estado, lo que los hace acreedores de una tutela especial. Las autoridades públicas deben velar doblemente para que no sufran un nuevo escarnio.
La desaparición del testigo Jorge Julio López fue un punto de inflexión que propagó temor entre sus pares, víctimas y declarantes. Anteayer se presenció en La Plata un ejemplo de sadismo facilitado por un sistema imperfecto. El sacerdote Christian Von Wernich denunció a un testigo de cargo y se quedó para mirarlo fijamente mientras testimoniaba. Una mínima infraestructura (uso de la cámara Gesell, sugiere la Procuración) podría haber ahorrado esa escena perversa.

El dictamen, aunque propone esfuerzos compartidos por distintas instituciones, es básicamente un mapa del Poder Judicial. Cientos de expedientes dormidos son un síntoma de denegación de justicia. Los motivos de la rémora pueden ser varios, sinteticémoslos por orden creciente de gravedad: la falta de aptitud de magistrados conservadores para adecuarse a una situación novedosa, la desidia o el obstruccionismo liso y llano. Esos factores no tienen por qué darse separadamente o en estado puro, ni siempre es sencillo determinar cuál prima. Claro que hay ejemplos que facilitan la taxonomía: la Cámara Federal de Casación Penal no deja dudas, lo suyo es interferir la justicia. Su postura ideológica, conocida, se traduce en mil ripios, el más obvio es diferir eternamente las decisiones. El Consejo de la Magistratura inició juicio político contra Alfredo Bisordi, el peor de los casadores. La siesta eterna sobre los expedientes no ha cesado.
Otros bretes son más chúcaros para clasificar: pueden deberse a dolosa mala leche o a un formalismo culpable, que es moneda corriente en los tribunales. El informe que comentamos reseña uno, que cualquier litigante conoce y soporta: el envío del expediente principal cuando es preciso examinar alguna de sus partes. Las idas y vueltas son lentísimas, en el ínterin se frenan todos los trámites. Recaudos sencillos como la remisión de fotocopias no integran las costumbres de los magistrados. Esa tendencia infausta puede garantizar irresoluciones eternas si se combina con recusaciones articuladas por letrados astutos y excusaciones de jueces demasiado puntillosos o cobardes.
La proclividad burocrática, más vale, no lo explica todo. Hay una extendida aquiescencia a las excusaciones sin sentido. Rescatemos una de tantas perlas del informe: un juez de Paso de los Libres se excusa por ser “pariente del padre” de un acusado, un prominente empresario local. Héte aquí que las causales de excusación son taxativas, se restringen a grados de parentesco fijados con precisión. No es serio, no es honesto que un magistrado se saltee esos recaudos invocando algo muy parecido al compadrazgo. Tampoco es admisible que otros lo acepten graciosamente. En ciertas latitudes “todos conocen a todos” y, en correlato, “todos protegen a todos”.
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En los años recientes el Estado recuperó poder, pertinencia e incumbencias. El privatismo irresponsable de los ’90 cedió paso a un activismo mayor, deseable. Pero, muy a menudo, los cuadros y las estructuras públicos no capacitan para sus misiones reasumidas. La venta de las empresas públicas fue sólo un tramo del desguace estatal, también se lo privó de herramientas y de elencos capacitados, imposibles de regenerar de la noche a la mañana. En una coyuntura de crecimiento económico no es un disparate decir que a veces es más fácil conseguir dinero que otros recursos.
El Poder Judicial no tiene por qué estar exceptuado de esa regla. Constitucionalmente, la Corte no tiene facultades para imponer conductas a jueces y Cámaras. Como se dijo, tampoco cuenta con información fluida sobre lo que pasa en los tribunales. Por eso, aun si compartiera ciento por ciento el diagnóstico de la Procuración y quisiera poner manos a la obra, no podría cambiar de golpe el escenario.
Pero sí le cuadra el deber de hacerse cargo de la situación con inventiva y creatividad. Vaya si las tuvo cuando interpeló a otros poderes del Estado, en el juicio sobre el reajuste a las jubilaciones o en la causa del Riachuelo. Ahora se le abre la oportunidad de mirar la casa propia y de articular mecanismos dentro de sus limitaciones.
Es una tarea peliaguda, es ineludible para impedir un nuevo avasallamiento de los derechos de las víctimas del terrorismo de Estado.

UN CAMINO PARA AGILIZAR LOS JUICIOS

2007-08-30T19:06:00.000-07:00

30 DE AGOSTO 2007
INFORME DE LA PROCURACION SOBRE LAS CAUSAS POR CRIMENES DE LA ULTIMA DICTADURA

Retrasos, jueces que se excusan, presos vip y testigos que buscan protección especial son algunos de los problemas que enfrentan los expedientes contra represores. La Procuración los estudió y propuso a la Corte medidas para solucionarlos.

El procurador general de la Nación, Esteban Righi, elevó el informe a la Corte

Irina Hauser

Un empujoncito, una propuesta de cooperación, un pedido de socorro, un sacudón. De todas esas formas se puede leer el documento que acaba de elaborar la Procuración General donde alienta que la Corte Suprema intervenga en forma directa para contrarrestar las demoras en las causas contra represores. ¿Cómo? Podría, sugiere, desde ponerle plazos a la Cámara de Casación Penal hasta terciar cuando una investigación se queda sin juez porque todos se excusan.

El informe fue elaborado por la Unidad Fiscal especializada en los expedientes sobre crímenes de la última dictadura y ofrece una radiografía minuciosa de los problemas que presentan estos juicios en todo el país: a los retardos suma las detenciones vip y la protección de testigos.

Además de enviar una señal a la Corte, el trabajo reclama cooperación entre el Poder Ejecutivo, los tribunales y el Ministerio Público (órgano de los fiscales). El combo de diagnóstico y propuestas lleva la firma del fiscal Jorge Auat, titular de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, y del subdirector Pablo Parenti. El área funciona bajo el ala del procurador Esteban Righi. Los detalles, aquí abajo.

Tránsito lento
El represor de la ESMA Jorge “Tigre” Acosta fue procesado hace casi cuatro años por 70 crímenes, pero todavía ni siquiera la fiscalía tiene la causa para mandarla a juicio.

El record, sin embargo, lo tiene el ex jefe del III Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez: fue procesado en Tucumán hace cinco años por una desaparición y en Córdoba en 2004 por secuestros y homicidios, más sigue sin ir a juicio.

En Rosario, el general Ramón Díaz Bessone fue procesado en marzo de 2003 y ahí quedó.

Los ejemplos reflejan sólo un grupo de retrasos donde la etapa de investigación no termina nunca. Auat y Parenti agregan la falta de respuesta de los jueces ante los pedidos de elevación a juicio de los fiscales: en la causa ESMA el más antiguo es de diciembre de 2003 e incluye al ex marino Alfredo Astiz y otros nueve represores. A todo esto se suma que las Cámaras de apelaciones demoran entre uno y dos años y medio para resolver planteos. Las dilaciones más flagrantes se registran en Tucumán y Santiago del Estero.

La Cámara de Casación es un embudo aparte. La Procuración refresca el planteo más viejo de la megacausa ESMA, de octubre de 2003, que cuestiona su mismísima reapertura y sigue sin definición. Este caso “emblemático” fue señalado en el pedido de juicio político de los querellantes contra la cuatro jueces de Casación. Tras esa denuncia el tribunal comenzó a resolver incidentes que tenía congelados, cerca de 200.

Propuesta.

La Procuración alerta que los jueces se toman tiempos que “exceden” lo “razonable” y pueden derivar en una “privación de justicia”. Propone implementar junto con la Corte “un sistema de control de la demora” que “permita detectar retrasos, conocer sus causas y buscar soluciones”. El alto tribunal, destaca, podría “fijar plazos máximos” para la Cámara de Casación con sólo reglamentar dos artículos del Código Procesal.

Gambeteo
En Paso de los Libres tramita una causa por crímenes de lesa humanidad que involucra al dueño de la yerbatera Taragüí. El juez titular alegó un parentesco para abrirse y detrás de él se excusaron veinte abogados.

Resultado:

un año de parálisis. En Rosario todos esquivaban el caso que involucra al ex juez Víctor Brusa en torturas. En el último año se sortearon más de doce subrogantes pero, recusados o excusados, ninguno quedó en pie.

En Salta, la posibilidad de que un ex camarista estuviera involucrado en la Masacre de Palomitas tuvo igual efecto: dos años sin juez.

En Bahía Blanca doce jueces/abogados se negaron a investigar los crímenes en Puerto Belgrano. Algunos explicitaron su identificación “con los postulados del Proceso de Reorganización Nacional”.

Propuesta.

La Procuración advierte la complejidad del asunto que, reconoce, se mezcla con otro intríngulis: a mitad de año la Corte declaró inconstitucional el sistema de subrogancias que permitía que secretarios de juzgado y abogados reemplazaran a jueces. Restringió el universo de suplentes a magistrados actuales o jubilados, pero aún no hay una nueva legislación. Ante este escenario, el informe impulsa –como política– “poner el acento en la agilización de los trámites de aceptación o rechazo de las excusaciones y recusaciones”. Pero cuando la demora se agrava “sería recomendable que la Corte utilizara sus facultades de superintendencia” y defina qué juez debe seguir.

Aglutinados
En Capital Federal existen seis tribunales orales. Sin embargo, de las ocho causas contra represores elevadas a juicio (aún sin fecha) seis están aglutinadas en uno solo, el TOF 5, entre ellas Esma y Primer Cuerpo. Esto “conspira contra la pretensión de lograr sentencias definitivas en un período razonable”, alerta la Procuración. Añade que todo tiende a empeorar porque las fiscalías han pedido varias elevaciones. Las megacausas, de por sí, se van elevando por tramos y gran parte está pendiente. El problema, dice el informe, es que se usan “criterios burocráticos” por los cuales se juntan casos que tramitan escindidos pero tienen origen en un mismo expediente.

Propuesta.

Habría que “restringir la idea de conexidad”, sugieren Parenti y Auat. Incluso plantean la opción de pasar el expediente Esma a otro tribunal, puesto que Primer Cuerpo está más avanzado. Los casos de apropiación de menores, sugieren, podrían ser distribuidos entre tribunales.

Presos vip
Hay más de 250 imputados presos por crímenes de la dictadura, dicen los fiscales. Pero sólo el 17 por ciento, advierte, está en unidades penitenciarias. Más del 45 por ciento está en dependencias de las fuerzas armadas/seguridad y cerca de 32 por ciento tiene arresto domiciliario. La Procuración señala que ante sus planteos y los del ministerio de Defensa para trasladar a represores a penales comunes “la respuesta de los jueces” –que deben definirlo– fue “negativa” salvo excepciones. Esto se percibe, dice, como “desigualdad jurídica y un privilegio injustificado”.

Propuesta.

Que coordinen esfuerzos, dice el organismo, el Poder Ejecutivo (del que dependen los distintos lugares de detención) y los jueces (que deben definir los traslados).

Testigos resguardados
Más allá de que cuanto menos dure un proceso penal, menor será el tiempo de exposición de los testigos, el documento propone medidas a tomar desde los tribunales para darles contención y protección: prever la “asistencia de profesionales” cuando se acerca su declaración; organizar la escena del juicio de modo tal que, especialmente quienes han sido víctimas de la represión ilegal, puedan testimoniar sin necesidad de ver a los acusados (por ejemplo, con cámara Gesell); y “emplear formas de citación que no impliquen develar el domicilio y en las que no intervenga personal de las fuerzas de seguridad”.

El ex capellán de Camps, Christian Von Wernich, y el testigo Luis Velasco, ante el tribunal

2007-08-28T20:26:00.000-07:00

Velasco vive en España y viajó especialmente para declarar.
VELASCO, ACUSO A VON WERNICH Y EL CURA CONTRAATACO CON ETCHECOLATZ
“Que el tribunal le pregunte dónde están”

Un testigo clave en el juicio al ex capellán de la Policía Bonaerense contó que le decía: “Hijo mío, la vida de los hombres la decide Dios y tu colaboración”. El cura lo señaló como colaboracionista.

Por Irina Hauser

Era el día de Luis Velasco, un testigo primordial en el juicio contra el ex capellán de la Policía Bonaerense Christian Von Wernich. Era una audiencia esperada por los querellantes por ser un sobreviviente que recibió las visitas siniestras del cura en centros de exterminio y que presenció sus diálogos con otros detenidos que siguen desaparecidos.

Ayer reprodujo algunas de las frases que solía decirles, como “hijo mío, la vida de los hombres la deciden Dios y tu colaboración”; “los hijos deben pagar la culpa de los padres” y “ustedes no tienen que odiar cuando los torturan”.

Velasco vive en España y viajó especialmente para declarar. Pero Von Wernich hizo todo para pelearle el papel protagónico: pidió hablar por primera vez ante el tribunal y lo acusó de haber sido un agente de inteligencia del Batallón 601 que colaboró con la última dictadura. Imperturbable, se jactó de saberlo por una conversación reciente con el represor Miguel Etchecolatz, con quien compartió tareas en el terrorismo de Estado y ahora comparte pabellón en Marcos Paz.

Para los familiares, las víctimas presentes y los organismos de derechos humanos no fue sorpresivo lo que dijo Von Wernich. Ya lo había publicado en el blog de ultraderecha “Cristiandad y Justicia”. Pero pocos esperaban que apareciera en el recinto y pidiera “ampliar” su declaración “indagatoria”. Había concurrido el primer día del juicio a comienzos de julio, se negó a declarar y tuvo que ir una vez para ser reconocido por un testigo.

Velasco aguardaba en un despacho contiguo y no escuchó nada. Su reacción ante la presencia del cura fue un pedido a los jueces. “Aprovechando que el señor Von Wernich está presente, quisiera que el tribunal le pregunte dónde están...”, y ahí se trabó en un sollozo hasta que pudo reponerse y nombrar a varios de sus compañeros de celda que están desaparecidos: Gustavo Pérez Monçalves, Marcelino Pérez Roi, Jorge Andreani, Ricardo San Martín, Héctor Baratti, Ricardo Bonín, Néstor Bozzi, Humberto Fraccaroli. “Todos ellos fueron visitados por el sacerdote Von Wernich y están desaparecidos”, afirmó. “Que diga cuál fue el destino de Ana Libertad Baratti”, reclamó también en alusión a una beba nacida en cautiverio que no recuperó su identidad.

Alguien entre el público inició un aplauso y atinaron a sumarse otros tantos, pero enseguida el presidente del tribunal, Carlos Rozanski, pidió evitar cualquier tipo de “expresiones”. En primera y segunda fila había Madres de Plaza de Mayo visiblemente conmovidas. También estaba, adelante, Alicia “Licha” Zubasnabald de De la Cuadra, la abuela de Ana Libertad.

A la provocación de Von Wernich la abogada que representa a Velasco, Guadalupe Godoy, retrucó: “Es un deseo de los organismos de derechos humanos obtener la lista” de todos los agentes que formaban parte del “Batallón 601”, una nómina que nunca fue reconstruida. Lo mismo pidió el letrado de la APDH, Marcelo Ponce Núñez, quien agregó que se cite al juicio a Etchecolatz para que ratifique (o no) los dichos de Von Wernich. El ex comisario, condenado el año pasado a cadena perpetua, está acusado en otra causa por el secuestro de Velasco. El tribunal aún no resolvió.

Contraataque
La sala de audiencias estaba repleta. Había un bullicio permanente en todo el lugar que transmitía un clima de efervescencia.
Velasco ya declaró en distintas oportunidades sobre sus circunstancias de detención y el papel de Von Wernich como hombre de la policía de Ramón Camps. Ayer volvió a detallar las tres veces que recuerda haberlo visto en centros clandestinos y otras dos después que lo liberaron. “En medio de todo ese horror” donde “nos torturaban, pateaban y tiraban pastillas de gamexane para matar los piojos”, “que llegara una persona y te hablara bien podía inducir a ciertos compañeros a pensar que había una vía de escape”, explicó el testigo. El cura “defendía la tortura y decía que teníamos que pagar porque le habíamos hecho daño a la patria”, añadió.

Von Wernich estaba enfundado en un chaleco antibalas y un pulóver oscuro. Pidió la palabra para “hacer una ampliación sobre una sola persona, Luis Velasco Blake”, a quien acusa de “difamarlo”.
“Para mí, sacando cuentas, dos veces lo vi: una en la Brigada (de La Plata) y otra en la casa de sus tíos, los Blake Von Wernich, en Carlos Casares, porque su tío está casado con una Von Wernich”, dijo el represor. “¿Qué otra vez podría ser?”, insistió, monocorde. Se acordó, dijo en pose de desentendido, que un día que estando preso le llevaron quesos de regalo de los monjes benedictinos. “Porque una mañana yo le llevaba quesos al general Camps y cuando entro a la secretaría privada estaba el coronel Rospide (que murió), un señor de civil y Luis Velasco Blake”, dijo. Sostuvo que Camps le preguntó si la Iglesia tenía residencia para estudiantes universitarios en Madrid, que él quedó en averiguar y que Etchecolatz estaba al tanto. “Al final Camps me dijo: ‘Ya no lo necesito, su pariente prestó un gran servicio a la policía’. En el momento no le di importancia. Pero ahora que estoy alojado con Etchecolatz, le pregunté ¿qué servicio prestó Velasco a la policía?”, recapituló. La respuesta, dijo, fue que pertenecía al Batallón 601 y que “gracias a sus informes se produjeron allanamientos importantes en el área de La Plata”.

Von Wernich no quiso contestar preguntas, se sentó junto a su abogado, se puso anteojos y escuchó a Velasco. Anotó todo lo que decía.

Testimonio
Velasco usa barba candado, anteojos de marco gris, tiene el pelo cortito y entrecano, y la voz áspera. Empezó por describir su secuestro, el 7 de julio de 1977 en un operativo “que abarcaba toda la cuadra”. Al reconstruir su recorrido por distintos campos de concentración de la Bonaerense, que duró un mes fue intercalando sus encuentros con Von Wernich. “Iba a la celda a hablar de lo que los prisioneros quisieran”, dijo. “Jamás lo vi repartir ningún sacramento”, aseguró. Entraba sin custodia y, contra lo habitual, les hacía quitar la venda a los detenidos. No le pudo ver el rostro, dijo, a ningún otro carcelero.

- La primera vez que se topó con él estando detenido fue en la Brigada de Investigaciones de La Plata. “Me dijo ‘sacate la remera’. Me tocó los pelitos del pecho y me empezó a hacer bromas porque me los habían quemado en la tortura”, contó. En Arana, retrocedió, había sido torturado con picana eléctrica, también en los genitales. “Como había militado en el Partido Comunista Revolucionario me preguntaban por caras y dirigentes del partido”. En aquella misma conversación con el párroco, “Néstor Bozzi se arrodilló y le dijo ‘padre no quiero morir’. El le contestó: ‘Hijo mío, la vida de los hombres la deciden Dios y tu colaboración”, relató el testigo.

- Volvió a ver al represor en la Comisaría quinta. El cura empezó a hablarle de su familia con “datos concretos”. “Me dijo: ‘tranquilo, yo soy primo de Monona”, en alusión una tía suya. Le pregunté por la salud de mi mamá, quise avanzar más y me dijo basta”, repasó Velasco. “Efectivamente Von Wernich estaba emparentado con mi tía Monona. Ella incluso le llevó una foto mía, pero en todo el mes que estuve desaparecido él no pasó ningún dato sobre mí”, sostuvo.

- Otra vez en la comisaría quinta, Velasco escuchó un nuevo sermón de Von Wernich, algo que le parecía su “obsesión”: “Ustedes no tienen que odiar cuando los torturan”, les insistía.
–¿Qué culpa tiene mi hija que nació en cautiverio? –contó que le replicó su compañero Baratti, quien acaba de enterarse de que su mujer, Elena de la Cuadra, acaba de dar a luz en cautiverio.
–Los hijos deben pagar la culpa de los padres –fue la respuesta.

- Velasco fue liberado el 8 de agosto y se fue transitoriamente a vivir con sus tíos. Mientras se recuperaba de una operación de apendicitis, estando solo en la casa apareció Von Wernich. “Me corrió un frío por la espalda (...) Me dijo vos sos un boludo, te hiciste mierda en la parrilla y en la celda nombraste gente. Yo le dije que no, entonces contestó, ‘o sea que no cantaste todo”. Velasco le preguntó qué tuvo que ver con su liberación. “Lo único que les dije es que a éste lárguenlo o mátenlo, porque sino nos mata a nosotros”, dice que contestó el cura. “Le pregunté qué se siente al ver torturar gente y me contestó que nada”, narró. Ahí mismo, admitió, Von Wernich le ofreció un contacto para obtener los documentos e irse. El se fue a Perú por dos años y luego a España.

- La última vez que se vieron fue en una cena familiar. Nadie tocó el tema.
“Declaré muchas veces y espero que ésta sea la última”, dijo Velasco cerca de terminar. Y volvió a conmoverse: “Para el testimoniante es muy difícil. Cada vez se recuerda, se revive el dolor, espero que esto termine, se juzgue a los culpables, y a seguir viviendo”.

El miedo sigue latente
Luis Velasco contestó a las acusaciones del represor Christian von Wernich en una pequeña conferencia de prensa al final de la audiencia. “Hace 30 años que declaro lo mismo, tardó 30 años en acordarse que Camps y Rospide me mandaron a España a espiar a los exiliados, no conociendo que me fui primero a Perú por dos años”, ironizó en las escalinatas de tribunales. “No tiene ni pies ni cabeza”, agregó. “No tiene entidad”, insistió. Durante la audiencia, había replicado a una declaración de Von Wernich, en la que decía que Velasco le había pedido que fuera a verlo para confesarse. Eso es imposible, sostuvo, “porque soy protestante”, igual que toda “mi familia”. “No puedo confesarme”, destacó.

Ante las consultas de los periodistas dijo que se considera un testigo importante por ser “el único” sobreviviente que lo vio estando en cautiverio. Cuando le pidieron opinión sobre la desaparición de Jorge Julio López dijo: “Pienso que hay grupos operativos, que están actuando. Para mí es relativamente fácil venir acá diez días con custodia policial pero me parece impensable para los que viven acá”.

LOS CRIMENES DE LA DICTADURA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

2007-08-14T19:13:00.000-07:00

2007/08/14/
Vinculan a Von Wernich con el asesinato de siete jóvenes
Estaban secuestrados y el cura les había prometido que serían enviados al exterior.

TESTIMONIO. LA PERIODISTA MONA MONCALVILLO A PUNTO DE DAR TESTIMONIO, AYER, CONTRA VON WERNICH.

Rodolfo Lara
LA PLATA. CORRESPONSAL
laplata@clarin.com

Sometimiento, manipulación moral y muerte. Esta secuencia dramática fue presentada por familiares de detenidos en la Brigada de Investigaciones platense, e involucró al sacerdote Christian von Wernich en los homicidios de siete jóvenes durante el primer tramo de la dictadura militar.

El tribunal que juzga al ex capellán de la Policía trata de establecer, desde el 5 de julio, las responsabilidades del cura en estos asesinatos. También en 31 casos de tortura y 42 privaciones ilegítimas de la libertad. Ayer, la hermana de una joven secuestrada explicó al tribunal que Von Wernich había pedido plata a la familia para un supuesto viaje de la detenida al exterior. En diciembre de 1976, Cecilia Idiart permanecía secuestrada en la Brigada de Investigaciones con otros seis jóvenes.

Todos ellos participaban de un experimento de "recuperación" de presos clandestinos en tareas de colaboración con el régimen. A cambio, el coronel Ramón Camps, jefe de la Policía bonaerense, prometía el exilio.

En la etapa de quebranto, vulneración anímica y espiritual, Von Wernich tenía un rol determinante, según el testimonio de Adriana, hermana de Cecilia. "Le entregamos 1.500 dólares para los trámites de pasaporte, DNI y para el viaje a Brasil. Al acercarse la fecha pidió que le preparáramos ropa y mi mamá compró valijas", explicó Adriana Idiart.

"El cura -agregó en su declaración- decía que él daba apoyo espiritual al 'grupo de los siete' y así les fue cambiando su forma de pensar; los había rehabilitado y estaban preparados para salir, ya que eran buenos chicos."En la misma audiencia, la periodista Mona Moncalvillo también declaró que Von Wernich pidió dólares para la salida del país de su hermano, Domingo, miembro del "grupo de los siete".

Domingo fue secuestrado el 18 de diciembre de 1976, en La Plata. Su destino previsto era Colonia, Uruguay.Por premeditación o por alguna alteración forzada de los planes, los siete jóvenes fueron ejecutados en un descampado de Brandsen. Habían partido de la Brigada en dos grupos. Moncalvillo integró la tanda con María del Carmen Morettini y Cecilia Luján Idiart.

Los hechos fueron relatados por el policía Alberto Emmed a la Conadep. El suboficial estuvo allí. Años después reveló que Von Wernich intentó tranquilizar sus conciencias de homicidas al mencionarles que "la sangre derramada (de los jóvenes) estaba bendecida por Dios". Emmed contó que el episodio transcurrió en el despacho del director general de Investigaciones, Miguel Etchecolatz.

La familia Idiart primero se aferró a la supuesta salida del país de Cecilia. Al poco tiempo desesperaron por la falta de noticias y fueron a entrevistar al cura: "Vio cómo son los chicos, tardan en comunicarse", fue la respuesta.

Pocos días después Etchecolatz les decía: "Ustedes deben saber dónde está Cecilia, nosotros no sabemos nada y estamos muy preocupados porque eran colaboradores nuestros."

Qué fue el "grupo de los 7"

Detrás de la ominosa proximidad que proponían los captores y pese al horror de la tortura, los siete jóvenes alimentaron el sueño de la libertad. Christian von Wernich les había prometido hacerlos viajar al exterior a cambio de colaboración.

El grupo estaba integrado por Cecilia Idiart, Domingo Moncalvillo, Susana Salomone, los hermanos María Magdalena y Pablo Joaquín Mainer, Liliana Galarza y María del Carmen Morettini. No hubo viaje. El suboficial Julio Emmed reveló cómo asesinaron a Moncalvillo, Idiart y Morettini: "Los tiraron a los tres sobre el pasto y los acribillaron."

El policía declaró en la Conadep que los cuerpos estuvieron tres días en la Morgue Judicial y luego fueron trasladados a Puesto Vasco, otro centro clandestino en Bernal, "donde fueron quemados bajo una cantidad de neumáticos".

Que pase el que sigue!!!!!

2007-07-22T20:27:00.000-07:00

06/07/2007
Argentina juzga por primera vez a un cura por crímenes bajo la dictadura Christian von Wernich fue capellán de la policía entre 1976 y 1983
JORGE MARIRRODRIGA

Uno de los procesos más esperados en Argentina sobre violación de derechos humanos durante la dictadura militar (1976-1983) comenzó ayer. En el banquillo se sentó Christian von Wernich, un sacerdote acusado de haber participado en siete asesinatos, 41 secuestros y 31 casos de torturas. Von Wernich era el capellán de la Policía Bonaerense, y además engañaba a sus víctimas fingiendo dar consuelo espiritual para obtener información que luego costaba vidas.
La noticia en otros webs
El juicio a Von Wernich ha levantado una gran expectación por varias razones. En primer lugar, sienta en el banquillo por primera vez a un miembro del clero católico, cuyo papel durante la dictadura es muy cuestionado desde diversos sectores. Las imágenes de un Jorge Videla sumiso, con la cabeza descubierta y comulgando difícilmente son compatibles con los centros de detención ilegal donde 30.000 personas fueron asesinadas y otros miles más torturadas. Ayer el mismo presidente, Néstor Kirchner, entró en la polémica y subrayó que durante la dictadura hubo curas que "deshonraron a la Iglesia". El mandatario calificó la jornada como "un día histórico para Argentina".
Además, el juicio es importante por las mismas dimensiones del caso. Es el segundo proceso emblemático tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final -el primero fue en septiembre de 2006 contra Miguel Etchecolatz, que se cerró con una cadena perpetua-, y cuando se espera la inminente anulación por parte de la Corte Suprema de los indultos firmados por Carlos Menem a favor de los jefes de las Juntas Militares ya condenados.
Está previsto que más de 120 testigos declaren durante el proceso. Algunos, como Héctor Baratti, cuyo testimonio recogía ayer el diario Página 12. Estando preso, le preguntó al sacerdote qué culpa tenía su hija, que apenas contaba unos días de vida. Von Wernich le respondió que la niña pagaba por lo que habían hecho sus padres. Otros 39 testigos son supervivientes directos de la represión que han reconocido al acusado.
El tercer punto de importancia es que el juicio llega entre las denuncias de varios testigos clave, quienes aseguran haber recibido amenazas de muerte. A algunos de ellos se les ha puesto custodia policial. En Argentina a nadie se le escapa que otro testigo, Jorge Julio López, desapareció tras declarar contra Etchecolatz. Tenía previsto acudir a la vista en la que se leyó la condena del acusado, pero nunca llegó y no ha vuelto a saberse de él.
Tras escuchar ayer las acusaciones en su contra, el sacerdote se negó a declarar en medio de una gran tensión en la sala. El tribunal que le juzga, formado por tres magistrados, dispuso que Von Wernich se situara tras una mampara para evitar que fuera agredido por el público.

La justicia argentina declara inconstitucionales los indultos que beneficiaron a los represores de la dictadura

2007-07-22T20:21:00.000-07:00

13/07/2007

El fallo sienta jurisprudencia para los indultos concedidos a represores del régimen castrense
La Corte Suprema de Justicia de Argentina ha declarado hoy la inconstitucionalidad de los indultos que beneficiaron a condenados, procesados o acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar (1976-83).

La resolución del máximo tribunal se refiere al perdón otorgado en 1989 al ex general Santiago Riveros, si bien el fallo sienta jurisprudencia para el resto de los indultos concedidos a represores del régimen castrense, han informado fuentes judiciales. Portavoces de la Corte Suprema han confirmado que la anulación del indulto fue apoyada por cuatro de los siete integrantes del máximo tribunal. En su sentencia, la Corte ha puntualizado que "los delitos de lesa humanidad, por su gravedad, son contrarios no sólo a la Constitución Nacional, sino también a toda la comunidad internacional".
Desde la anulación en 2003 de las denominadas "leyes del perdón" que beneficiaron a miembros de la dictadura, varios jueces habían declarado inconstitucionales los indultos decretados en su día por el entonces presidente argentino, Carlos Menem (1989-1999).
La Corte Suprema ha basado su decisión en fallos anteriores del propio alto tribunal, que ya había establecido que los delitos de lesa humanidad, como las violaciones de los derechos humanos, no prescriben ni pueden ser amnistiados.
En septiembre de 2006, el máximo tribunal penal de Argentina, la Cámara de Casación, había anulado uno de los indultos que, bajo el pretexto de "reconciliar y pacificar" al país, Menem concedió a militares y miembros de las fuerzas de seguridad condenados o acusados por violaciones de los derechos humanos.
Hasta entonces, sólo jueces de primera y segunda instancia declararon inconstitucionales los indultos, y en 2005 la Corte Suprema había evitado pronunciarse sobre el asunto al argumentar que era la Cámara de Casación la que primero debía emitir su opinión.
Entre 1989 y 1990, Menem indultó tanto a militares y miembros de las fuerzas de seguridad acusados de cometer delitos durante la dictadura como a dirigentes de grupos guerrilleros que actuaron en Argentina durante la década de los años 70 del pasado siglo.
La nulidad de los perdones dictada hoy por la Corte abarca sólo a los decretos que beneficiaron a militares e integrantes de fuerzas de seguridad y no a los civiles que participaron en hechos de violencia durante la "guerra sucia" contra la subversión.

Aplicando la Justicia Universal

2007-07-22T20:09:00.000-07:00

Madrid - 18/07/2007

El Supremo decide que el represor argentino Cavallo puede ser juzgado en España

La Audiencia había dictaminado que la justicia argentina tenía prioridad para juzgarle por sus crímenes durante la dictadura
MANUEL ALTOZANO

El Tribunal Supremo ha decidido hoy que la Audiencia Nacional es competente para juzgar al ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo, por lo que podrá ser juzgado en España por los crímenes cometidos durante la dictadura argentina (1976-83).
La Sala de lo Penal del TS, en una sentencia notificada hoy, estima los recursos interpuestos por el fiscal y las acusaciones contra una decisión de la Audiencia Nacional de diciembre de 2006, en la que decía que no se podía juzgar a Cavallo conocido como Serpico, porque había que dar prioridad a la Justicia argentina, que le está investigando. Los abogados de Cavallo presentaron entonces un escrito de cesión de jurisdicción y la Audiencia resolvió dejar el caso en manos de la justicia argentina.
Sin embargo, la Fiscalía recurrió porque entiende que la Justicia argentina no está investigando a Cavallo por los mismos hechos y delitos por los que le procesó el juez Baltasar Garzón, además de considerar que la causa abierta al ex militar en Argentina está mucho menos avanzada que en España. Lo mismo hicieron las numerosas acusaciones personadas en la causa.
La sentencia del Supremo afirma que aquella decisión de la Audiencia "en realidad venía a disponer materialmente la extradición de un acusado cuyo enjuiciamiento se había acordado ya, con anterioridad, que correspondía a los tribunales españoles".
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón procesó a Cavallo por genocidio, terrorismo y torturas en un sumario contra los militares de la dictadura argentina, después de que fuera entregado a España por México en junio de 2003. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedía para Cavallo entre 13.000 y 17.000 años de cárcel.

Comandó los grupos de tareas de La Perla.

2007-05-24T19:33:00.000-07:00

EL REPRESOR DE LA PERLA, PENDIENTE DE MIGRACIONES

El motivo de la detención del carapintada Ernesto Barreiro fue haber mentido sobre sus antecedentes penales y no las acusaciones por delitos de lesa humanidad.
Su prisión depende de un juez de Migraciones.
El mayor Ernesto Barreiro está acusado de haber comandado los grupos de tareas de La Perla.

Por Alejandra Dandan

El gobierno norteamericano tiene que decidir si deporta o no al carapintada Ernesto Barreiro, detenido en Estados Unidos hace 48 horas por el Departamento de Migraciones en medio del trámite de renovación de su visado.

Hace tres años, la Justicia cordobesa lo había declarado prófugo en la causa por el secuestro y desaparición de un estudiante de Córdoba en 1977 y ordenó la captura internacional a Interpol. El proceso terminó el domingo pasado. Como su detención es por haber mentido sobre sus antecedentes penales y no por las causas de lesa humanidad, su permanencia en prisión pende de la decisión del juez de Migraciones, que puede liberarlo bajo fianza hasta que culmine el proceso de deportación.

Para evitarlo, los querellantes de las causas contra el represor piden a Cancillería que acelere un pedido de extradición frenado hace dos años. “La Justicia de Córdoba ya hizo todo lo que tenía que hacer, ahora la extradición está en manos de la Cancillería argentina: sería un excelente momento para que viabilicen el pedido de extradición que presentamos hace dos años”, dijo Claudio Orosz, abogado con Martín Fresneda de la causa contra el represor.

Según sus datos, Barreiro llegó a los Estados Unidos en 2004. Salió del país con un pasaje de avión justo un día antes de que Migraciones le cierre las fronteras argentinas por una orden de captura ordenada por la Justicia de Córdoba. La jueza Cristina Garzón de Lascano y la fiscal Graciela López de Filoñiuk pidieron su detención, junto a otras diez personas, en el marco del expediente “Rodríguez Hermes y otros”, más conocido como la causa “Diego Hunziker”, el estudiante de 17 años de la Escuela Monserrat de Córdoba, secuestrado el 3 de septiembre de 1977, detenido clandestinamente en Casa de Hidráulica y ejecutado entre el 21 y 22 de ese mes.

Barreiro estuvo a cargo de La Perla, el centro clandestino más importante del interior del país desde mediados de 1976. Amo y señor de la vida y de la muerte de los detenidos, condujo los grupos de tareas de secuestradores y con el represor Luis Manzanelli manejó los interrogatorios. En La Perla se transformó en uno de los especialistas en torturas más denunciado por los sobrevivientes y recordado por su sadismo.

“Una sobreviviente dio cuenta de que Barreiro se lo llevó a las 4 de la mañana de La Perla hasta las fábricas de Fiat y fue ejecutado –explica Orosz–: en los diarios apareció como un enfrentamiento de dos cuadros montoneros que estaban repartiendo volantes pero fue una ejecución.” Ese tipo de “salidas” eran conocidas como “operativo ventilador”, aplicadas ante determinadas coyunturas políticas.
Para la fecha de la ejecución de Diego Hunziker preveían un conflicto en la Fiat; las muertes de los militantes aparentemente servían como una de las formas del amedrentamiento.

La Cámara Federal de Córdoba lo citó por primera vez a declarar en 1987, en el marco de la megacausa contra el responsable del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez. Su negativa a presentarse desencadenó las sublevaciones que culminaron en el levantamiento de Semana Santa la sanción de la ley de obediencia debida.

En Estados Unidos trabajó o simuló trabajar en la ciudad de Virginia, gracias a una actividad comercial de su mujer. Según las investigaciones del Departamento de Migraciones de Estados Unidos, además hizo varios viajes de ida y vuelta a Washington.

Tal como dijo el diario Pagina 12 en su edición de ayer, Barreiro entró a ese país legalmente pero amparado en una mentira: respondió con una negativa cuando le preguntaron si tenía causas penales pendientes. Aunque parezca mentira, ésa es la razón por la que está detenido.

Ante el pedido de Interpol emitido por el juzgado de Garzón de Lascano, el Departamento de Migraciones norteamericano inició una investigación que concluyó el fin de semana. Según las fuentes consultadas, los agentes constataron la existencia de la causa y decidieron no ronovarle el visado pero formalmente la detención no está respaldada en las causas de lesa humanidad. Por esa razón, la querella pide una rápida intervención de Cancillería. Una fianza puede ponerlo en libertad hasta que culmine el proceso y Barreiro podría volver a profugarse.

“Nosotros sabemos que el trámite de extradición con los norteamericanos es engorroso –dijo Orosz– porque exigen un nivel de pruebas parecido a una sentencia. Además están las traducciones. En este caso, el Gobierno puso la mejor voluntad para resolver este tema, pero estamos esperando que terminen con el trámite que ya lleva dos años.”

España: solicitud de extradición para los represores

2007-05-23T11:36:00.000-07:00

Sábado 10-Feb-2007
España pedira la extradicción de represores acusados por el Juez Garzón
La justicia universal al ataque

EEl Consejo de Ministros de Rodríguez Zapatero reactivó un trámite congelado tres años atrás.

Victoria Grinsberg

La semana que viene llegaría la solicitud de extradición para los represores. La Justicia y el Gobierno deberán decidir qué hacer con quienes aún están en libertad.

El Consejo de Ministros de España resolvió solicitar a la Argentina la extradición de más de cuarenta represores procesados en Madrid por genocidio, terrorismo y torturas. Es la continuación de un trámite que había sido interrumpido hace más de tres años, cuando el gobierno de José María Aznar resolvió suspender el pedido que había realizado el juez Baltasar Garzón y que motivó que cuarenta acusados fueran detenidos y luego liberados.

Actualmente, muchos de los que figuran en la lista están presos. Pero no todos. El ahora empresario Héctor Schwab, ex mano derecha de Antonio Domingo Bussi en Tucumán, y el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, entre otros, siguen en libertad y podrían ser arrestados.

El 8 de julio de 2003, Garzón reclamó a la captura internacional de cuarenta y seis represores. El juez Rodolfo Canicoba Corral detuvo a cuarenta y uno: dos estaban muertos y tres no se presentaron y se consideraron prófugos. Al recién asumido gobierno de Néstor Kirchner le disgustó la idea. Impulsaba la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y que los juicios por las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura se hicieran en el país. Pero formalmente no puso trabas para el trámite. La sorpresa llegó desde España. El gobierno de Aznar decidió congelar el proceso, porque en agosto de ese año el Congreso había invalidado las leyes de impunidad.

Las acusaciones particulares y populares que impulsan el juicio contra los represores argentinos en Madrid apelaron esa decisión y en mayo de 2005 el Tribunal Supremo de España resolvió dar marcha atrás con aquella resolución del Consejo de Ministros. Sin embargo, esa medida no se hizo efectiva hasta ayer, cuando el gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero explicó que estaba “obligado a cursar la petición de extradición del Juzgado Central de Instrucción Número 5 a Argentina”. Es decir que la definición sobre el destino de los acusados en España depende de la Justicia y del gobierno argentinos.

Se espera que la solicitud de extradición de los cuarenta represores llegue al país la semana que viene a través de la Cancillería. El Gobierno debería enviarla a tribunales, aunque podría trabarla.

Quienes ya están presos en el país tienen pocas chances de viajar a España, pero para el resto, el juez que reciba el pedido tendría dos opciones: dar curso al trámite o abrirles causas aquí por los delitos por los que están acusados en Madrid. De hecho, ya existe un antecedente de este tipo. En Santa Fe hay una causa que comenzó a partir de un reclamo de extradición de Garzón contra el ex juez Víctor Brusa y otros represores.

De una forma u otra, esto implicaría la detención de unos quince acusados que todavía están libres en Argentina. Uno de ellos es Schwab que, además de haber sido la ex mano, derecha de Bussi en Tucumán, es el presidente de la promoción 100 de los egresados del Colegio militar y el artífice de la mediática Cecilia Pando. Además, como responsable de la empresa de investigaciones Scanner, fue denunciado por extorsión y amenazas.

Están en la misma situación el abogado Torres de Tolosa, el ex jefe de la Marina José Isaac Anaya, el ex jefe de la Fuerza Aérea Basilio Lami Dozo y los represores Juan Carlos Ricardo Trimarco, Luis Ricardo Rizo Avellaneda, Alberto Luis Cattaneo, Fernando Humberto Santiago y Luis Santiago Martella, entre otros.

El pedido de Garzón también incluía a Emilio Eduardo Massera, Jorge Rafael Videla, Jorge Olivera Rovere, Antonio Bussi, Luciano Benjamín Menéndez, Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Héctor Febres y Luis Mendía.

Esta nueva decisión de España parece ir en contradicción con el reciente fallo con el que se paralizó en Madrid el proceso contra el represor de la ESMA Ricardo Miguel Cavallo, que había sido arrestado en México. En ese caso, la Justicia ibérica señaló que correspondía que el marino fuera investigado en la Argentina porque aquí cometió sus crímenes y ya no existían impedimentos para que se lo juzgara. Sin embargo, la reactivación del trámite de extradición implica que el juicio en España no se paralizó.

Héctor Schwab, mentor de Cecilia Pando,
está en libertad, pero figura en la lista de
Baltasar Garzón.

La triple AAA no se puede ir de rositas

2007-05-22T09:04:00.000-07:00

10 de febrero de 2007

Ex comisario en prisión en España

El ex comisario argentino y cabecilla de la Triple A Rodolfo Almirón continuaba ayer en prisión a la espera de su extradición a la Argentina. Este hecho confirma que la Audiencia Nacional de España sigue adelante con el pedido hecho el pasado 30 de enero por el juez Norberto Oyarbide.
Este tribunal debía ratificar ayer el proceso contra Almirón, al vencer el plazo otorgado a las autoridades argentinas para formalizar el pedido de extradición. Caso contrario, el ex comisario argentino habría quedado en libertad, según comentó su abogado, Marcos García Montes. A falta de confirmación oficial, “todo indica que la documentación llegó en fecha y forma, ya que mi marido continúa en prisión preventiva y no le fue notificado ningún cambio”, dijo ayer su esposa, Ana María Gil.

El exilio: Italia condenó a Cadena Perpetua a Genocidas

2007-05-22T07:54:00.000-07:00

SECUESTRO Y TORTURA DE TRES ARGENTINOS DE ORIGEN ITALIANO DURANTE LA DICTADURA
Italia condenó a cadena perpetua a Astiz y otros represores de la ESMA

Lo hizo un tribunal de Roma. Ahora pedirán la extradición del marino, preso en la Argentina.
CON TOGA. Estela de Carlotto escucha, ayer en Roma, el fallo contra Astiz acompañada de sus abogados. (V. Socolowiks)

Julio Algañaraz
ROMA. CORRESPONSAL
jalganaraz@clarin.com" jalganaraz@clarin.com

Cinco de los principales represores de la ESMA fueron condenados ayer a cadena perpetua por un tribunal de Roma que los consideró culpables del secuestro, torturas y asesinato de tres italoargentinos desaparecidos en ese campo de exterminio de la dictadura militar.

El presidente de la II Corte de Apelaciones de Roma, Mario Lucio D'Andria, leyó la sentencia, recibida con aplausos y mucha emoción por el medio centenar de personas que se encontraban en el aula búnker de máxima seguridad de Rebibbia, en un suburbio de la capital italiana. Los condenados en ausencia fueron los marinos Alfredo Astiz, Jorge "El Tigre" Acosta, Jorge Vildoza y Antonio Vañek y al prefecto Héctor Antonio Febres (ver El rol...).

Astiz, quien se encuentra detenido y procesado en la Argentina por varias causas por violaciones a los derechos humanos, ya había sido condenado a perpetua en 1990 por la Justicia de Francia en el caso de las dos monjas francesas. La sentencia italiana los consideró responsables de "homicidio plúrimo premeditado" de los ciudadanos italianos Angela María Aieta, madre del líder de la Juventud Peronista de la época, Dante Gullo, y de Giovanni Pegoraro y su hija Susana Pegoraro.Varios testigos confirmaron que los tres desaparecidos estuvieron internados en la ESMA entre agosto de 1976 y 1977.

Susana Pegoraro dio a luz a una niña que fue entregada a un suboficial de la Armada y encontrada muchos años después.Estela Carlotto, la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, que se encontraba en el aula, dijo que la condena representa "un gran ejemplo de justicia". "Es una reparación simbólica por todos los desaparecidos durante la dictadura", agregó Carlotto, quien señaló que "éste es un momento que me llena de satisfacción aunque no de alegría".

El artículo 8 del Código Penal italiano establece la obligación de la Justicia peninsular de hacer estos procesos cuando un ciudadano italiano ha sufrido graves delitos en el exterior, si en el país donde sucedieron los hechos no actuó la Justicia.

En el aula búnker de Rebibbia se encontraban el vicecanciller para los Italianos en el Exterior, Franco Danieli, quien dijo que "ahora es necesario pedir la extradición de los condenados como acto de justicia". También estaban el embajador argentino en Italia, Vittorio Taccetti, y el encargado de Negocios ante la Santa Sede, Hugo Gobbi hijo.Estela Carlotto, que no ocultaba su emoción, recordó que por la ESMA pasaron unas 5.500 personas, de las cuales sobrevivieron apenas un millar.

El fiscal Francesco Caporale había pedido las condenas para cuatro represores y la absolución para Antonio Vañek por insuficiencia de pruebas. Pero el tribunal de nueve magistrados decidió que, en cambio, había pruebas suficientes para condenarlo también a la prisión perpetua.En el proceso estaba imputado el miembro de la primera Junta Militar y comandante de la Armada, almirante Emilio Massera. Pero su caso fue separado debido al delicado estado de salud del represor.Hace tres semanas viajó a Buenos Aires el psiquiatra Roberto Tattarelli para establecer si Massera está en condiciones de comprender si acepta o no la jurisdicción de la Justicia italiana. Tattarelli visitó a Massera y para el 16 de mayo se ha fijado la audiencia del caso, en la que el psiquiatra italiano presentará las conclusiones de su peritaje.

Más tarde, en la sede de la provincia de Roma, se realizó una conferencia de prensa. El presidente de la provincia, Enrico Gasbarra, anunció que el texto de la sentencia será impreso y distribuido en las escuelas. "Los jóvenes deben saber y recordar las cosas horribles que pasaron en la Argentina para que no se vuelvan a repetir en ninguna parte del mundo", dijo.

Las condenas de ayer representan la segunda sentencia en Italia contra represores. En 2000, fueron condenados a cadena perpetua los generales Guillermo Suárez Mason y otros ex represores por otra causa.

5 de + de mil, a por más, que ya son 31 años

2007-05-22T07:51:00.000-07:00

Cinco represores condenados a perpetuidad y a un año sin sol

Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta, Jorge Raúl Vildoza, Antonio Febres y Antonio Vañek fueron juzgados en ausencia por la Justicia de Italia. La titular de Abuelas, Estela de Carlotto, estaba “exultante”.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, festejó en Roma la condena.

Por Irina Hauser

La II Corte del Tribunal Penal de Roma condenó en ausencia a cinco ex jerarcas de la ESMA a cadena perpetua con un año de reclusión sin ver el sol. Así, textualmente, es como llama la Justicia italiana al castigo medieval que reserva para casos gravísimos y que decidió aplicarles a Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta, Jorge Raúl Vildoza, Antonio Febres y Antonio Vañek.

Los represores fueron juzgados en ausencia y acusados de “homicidio voluntario múltiple premeditado” por la desaparición de tres ciudadanos italianos: Angela María Aieta de Gullo –madre del dirigente peronista Juan Carlos Dante Gullo–, Juan Pegoraro y su hija Susana, quien dio a luz en cautiverio una hija que aún no recuperó su identidad.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, viajó especialmente para escuchar la sentencia. Se puso “eufórica”, dijo, al conocer el fallo, al que consideró “como un ejemplo internacional para no tapar la historia” y que “ayudará a que se cumplan las condenas en Argentina”.

Italia comenzó a avanzar con esta causa judicial cuando todavía seguían vigentes las leyes de punto final y obediencia debida. Con su anulación, uno de los expedientes que recobró impulso fue el de los crímenes cometidos en la ESMA. Por esa investigación los represores condenados ayer en Italia ya están detenidos, a la espera de un juicio oral en los tribunales porteños, con excepción de Vildoza, quien está prófugo desde 1986, con pedido de captura vigente de ambos países. El juicio en Roma se hizo sin los acusados presentes y la condena no implicará para ellos ningún efecto inmediato, pero sí un impedimento para salir del país, ya que automáticamente los buscaría la Justicia italiana.

El tribunal presidido por Mario D’Andria decidió aplicar una de las penas más severas de su país a los cinco represores de la ESMA. Además, los sentenció a indemnizar, con sumas que van de 50 mil a 100 mil euros, a los familiares de las tres víctimas italianas de la dictadura argentina y estableció que deberán hacerse cargo de los gastos del juicio y los honorarios de los abogados de la querella. El fallo, dispuso la Corte, deberá aparecer publicada en los diarios italianos Il Corriere della Sera y La Repubblica.

Todavía el tribunal no definió la situación de Emilio Massera, otro de los acusados del juicio a quien evalúa si declarará o no como inimputable. Los peritos que vinieron a evaluar su estado de salud a Buenos Aires pidieron dos meses para emitir un informe (ver recuadro).

La lectura del veredicto fue en la sala de máxima seguridad de Rebibbia, en los suburbios de Roma, donde transcurrieron todas las audiencias desde junio del año pasado. En el recinto había familiares de las víctimas, organismos de derechos humanos y autoridades del Estado italiano, que fue parte impulsora en el juicio. Eran unas cuarenta personas que estallaron en un aplauso al escuchar la condena a perpetua. En Argentina, el festejo se reprodujo en el Ministerio de Educación, donde funcionarios, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo se comunicaron por videoconferencia con quienes estaban en Italia.

El titular de la cartera educativa y candidato porteño, Daniel Filmus, rescató el juicio en Italia como fruto de quienes “lucharon por la memoria y la justicia”, aun cuando “muchos en el país apostaban al olvido”. El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, destacó que la sentencia es “un respaldo de la comunidad internacional a la búsqueda de verdad y justicia y a la lucha contra la impunidad”. Lo dijo mientras dialogaba con el titular de la provincia de Cosenza, Mario Olivierio; el alcalde de Fuscaldo, David Gravina, y los tres abogados de la querella.
A Carlotto se la vio proponer en pantalla “una celebración” por la noticia que equiparó con “un triunfo universal”, haciendo hincapié en la “valentía de los jueces”.

En diálogo con Página/12 explicó que, más allá de que los represores condenados estén siendo juzgados en la Argentina, la importancia del fallo descansa en “el mérito del ejemplo internacional de un país de no tapar la historia, sino usar la Justicia para quienes vulneraron los derechos de sus ciudadanos”. “Tiene un efecto moral, o moralizador, que puede ayudar a que cumplan su condena en Argentina”, dijo.
Jorge Ithurburu, del comité promotor del juicio ESMA en Italia, agregó que “sería bueno que la sentencia ayude a cooperar a las autoridades judiciales y policiales argentinas e italianas para encontrar a Vildoza”.

Durante el juicio, los magistrados europeos pudieron escuchar los relatos de sobrevivientes que estuvieron en la ESMA y que tuvieron contacto con Aieta, Pegoraro y su hija. Angela María Aieta fue secuestrada el 5 de agosto de 1976. Recién en 2001 su familia pudo acceder a testigos que compartieron el cautiverio con ella. Juan y Susana Pegoraro fueron secuestrados el 18 de junio de 1977. Ella estaba embarazada de cinco meses y su esposo desapareció el mismo día. En la ESMA, Susana dio a luz y escribió una carta para que su mamá criara a su beba, pero la niña nunca fue entregada a la familia. Las Abuelas suponen que fue anotada como Evelyn por el marino Policarpo Vázquez. La joven nunca aceptó el estudio de ADN y el caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El mismo tribunal de Roma ya había condenado siete años atrás al fallecido general Guillermo Suárez Mason y a Santiago Omar Riveros, quien recién fue detenido la semana pasada en la megacausa de Campo de Mayo. La sentencia alcanzaba también a cuatro suboficiales y un prefecto que siguen libres cuya extradición Italia planea reclamar “como modo de hacer valer el sentido del juicio”, explicó Carlotto. Lo mismo podría hacer con los nuevos condenados de la ESMA, aunque se sabe que serán juzgados aquí.

La definición quedó en suspenso hasta el 16 de mayo

2007-05-22T07:45:00.000-07:00

El país del Jueves/15-Mar-2007
Massera, en evaluación

Por la mañana fueron a los tribunales casi convencidos de que les dirían que el represor Emilio Massera sería declarado inimputable en el juicio. A principio de mes, un perito italiano había estado en Argentina para revisar en persona al marino y corroborar si está impedido de afrontar un juicio penal, por las secuelas de un accidente cerebrovascular. Todos los rumores apuntaban a que el experto había vuelto a Europa con un informe de insania mental bajo el brazo. Pero el tribunal no resolvió nada todavía porque los peritos que ahora analizan el tema en conjunto pidieron dos meses para expedirse sobre el cuadro. La definición quedó en suspenso hasta el 16 de mayo. En cuanto a la sentencia contra los cinco represores, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, dijo que no esperaban que la incluyera al contraalmirante Antonio Vañek, porque la fiscalía había considerado que no existían pruebas suficientes para acusarlo. “Fue realmente una sorpresa que condenaran a todos. Más aún, teníamos dudas de si la Corte iba a incorporar bien el tema porque la defensa inventó muchas cosas”, comentó Carlotto